Senador cuestiona libertades ambulatorias a reincidentes y pide investigar a jueces
El senador Derlis Maidana, integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuestionó la concesión de medidas alternativas a la prisión a personas con extensos antecedentes penales y sostuvo que este tipo de decisiones judiciales contribuye a la reincidencia delictiva, en referencia a un hecho violento registrado recientemente en Fernando de la Mora.
El legislador afirmó que cuando jueces otorgan libertad ambulatoria a procesados con antecedentes por hechos graves, se genera un riesgo concreto para la seguridad ciudadana. En ese contexto, consideró necesario investigar caso por caso y, de corresponder, aplicar sanciones a los magistrados que se aparten del marco legal.
Maidana señaló que el sistema penitenciario paraguayo alberga actualmente a unas 18.000 personas privadas de libertad, de las cuales el 70% se encuentra en condición de procesadas y solo el 30% cuenta con condena firme. Añadió que existe una proyección de alrededor de mil nuevos ingresos por año, lo que mantiene al sistema bajo una presión constante.
Al referirse a la modificación del art. 245 del Código Procesal Penal, recordó que cuando se restringió la posibilidad de otorgar libertad ambulatoria a procesados por hechos punibles con expectativa de pena mayor a cinco años, las cárceles experimentaron un aumento significativo de su población. En ese sentido, advirtió que los establecimientos penitenciarios, no solo en Paraguay sino en gran parte de la región, presentan condiciones que dificultan la reinserción social y, en muchos casos, terminan profundizando conductas delictivas.
El senador subrayó que los jueces deben aplicar la ley atendiendo a cada caso concreto, pero insistió en que el sistema en su conjunto se encuentra sobrepasado por la cantidad de personas que ingresan al circuito penal. Reconoció que, desde el JEM, existen antecedentes de apercibimientos y sanciones a magistrados cuando se detectan irregularidades en sus resoluciones.
Asimismo, sostuvo que la reinserción social no es solo responsabilidad del Estado, sino también de la sociedad y admitió que las personas con antecedentes enfrentan serias dificultades para acceder al mercado laboral, lo que incrementa las posibilidades de reincidencia. No obstante, remarcó que se trata de un mandato constitucional que debe ser fortalecido.
Finalmente, Maidana planteó la necesidad de reformas legales y penitenciarias de fondo, incluyendo el análisis de penas más severas para reincidentes, como ocurre en otros países y un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Congreso Nacional, con el objetivo de enfrentar de manera estructural la problemática de la criminalidad y la reincidencia.
