Ramírez pide diálogo y advierte consecuencias sobre huelga docente
Los gremios de docentes del sector público anunciaron una huelga general a partir del 23 de febrero, fecha marcada para el inicio de clases en escuelas y colegios. La medida surge como protesta contra la aprobación en Diputados del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que establece nuevas edades mínimas de jubilación y un aumento en los aportes de los educadores.
La versión aprobada por la Cámara Baja fija la jubilación ordinaria en 57 años con 25 años de aporte, y la extraordinaria en 55 años con 30 años de aporte. Además, los aportes de los afiliados pasarán del 16% al 19% de sus ingresos, mientras que el Estado incrementará gradualmente su contribución del 1% al 5%. El Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para enfrentar el déficit de la Caja Fiscal, que el año pasado rondó los 400 millones de dólares.
Ante la reacción de los gremios, el ministro de Educación, Luis Ramírez, actualmente en Israel, manifestó que a su regreso se reunirá con los representantes docentes para buscar un acuerdo. Subrayó que el derecho a la protesta es legítimo, pero advirtió que no puede afectar el derecho de los niños a recibir educación. “Tenemos que ser creativos en buscar maneras de protestar sin perjudicar a los más pequeños”, señaló.
Ramírez insistió en que la reforma busca proteger a los propios maestros, garantizando el pago de sus jubilaciones en el futuro. Sin embargo, advirtió que habrá “consecuencias” si sectores que calificó como “extremistas” no colaboran en la búsqueda de consenso. El Senado deberá tratar el proyecto en los próximos días, en medio de un clima de tensión entre el Gobierno y los gremios docentes.
