Nexus II: Imputan a exjugador olimpista, a exsalonista cerrista y a otros, que formarían parte de una estructura narco
Tras el operativo Nexus II, la fiscal Ingrid Cubilla imputó por hechos de narcotráfico y lavado de activos a ocho personas que formarían parte de una asociación criminal, dedicada a la organización, coordinación y ejecución del tráfico internacional de drogas. Entre los imputados, se encuentran el exarquero de fútbol Víctor Centurión, el exsalonista Luis Miguel Molinas, un procesado en el caso A Ultranza, entre otros.
La imputación describe que la estructura delictiva, si bien operaba desde territorio nacional, mantenía vínculos directos con extranjeros radicados en países productores de cocaína, como Bolivia, Perú y Colombia, con quienes establecía contactos y acuerdos destinados a asegurar el ingreso ilícito de cargamentos de cocaína al territorio paraguayo.
Una vez introducida la sustancia al país, la organización procedía a su acopio, fraccionamiento, redistribución y posterior comercialización. Asimismo, se atribuye que la asociación contaba con una estructura jerarquizada y funcionalmente organizada, cuyos líderes impartían directivas incluso encontrándose privados de libertad en distintos establecimientos penitenciarios del país.
La Fiscalía cree que para la materialización de sus fines ilícitos, estos se valían de facilitadores u operadores externos, quienes ingresaban y salían de las cárceles, facilitando la comunicación y la transmisión de instrucciones impartidas, así como la coordinación de la logística necesaria para el ingreso clandestino de las sustancias, su almacenamiento, distribución y comercialización.
Los hechos se pudieron determinar a partir de la implementación de técnicas especiales de investigación judicialmente autorizadas, cuya ejecución se inició el 18 de mayo de 2022, y se mantuvo vigente hasta la última fecha de interceptación autorizada, que data del 30 de abril de 2025, y su periodo respectivo.
Dentro de la estructura criminal, identificaron como el líder a Alexis Vidal González Zárate, alias de “Pelado”, imputado y recluido por el caso “A Ultranza PY”. El mismo ejercía funciones de dirección, coordinación y control sobre las actividades desplegadas por los demás integrantes.
Además, se encargaba de negociar la adquisición de las drogas con los proveedores, algunos ya conocidos por él y otros con quienes habría tomado contacto durante su permanencia en el establecimiento penitenciario, así como de impartir instrucciones respecto a la logística.
En lo que respecta al ex arquero de Olimpia y Guaraní, Víctor Hugo Centurión Miranda, se le atribuye la provisión logística para el transporte de drogas, incluyendo obtención de aeronaves, combustible y repuestos. También se menciona que facilitaba contactos con otros grupos criminales y negociaciones internacionales para compra, venta y pago de cargamentos.
Por otro lado, al imputado Molinas Brítez se le atribuye ser hombre de confianza de González Zárate y se menciona que se encargaba de buscar compradores, negociar ventas de drogas en la capital, recibir el dinero obtenido, participar en reuniones con otros grupos criminales y financiar la preparación de pistas clandestinas para aeronaves.
Asimismo, la imputación refiere que Dionisio Manuel Cáceres Cabrera actuaba como intermediario clave entre el mando estratégico y la ejecución logística. Negociaba la compra de drogas, coordinaba su recepción, transporte y comercialización, mantenía contacto con otras organizaciones criminales y organizaba estructuras logísticas en Itacurubí de la Cordillera y Caaguazú.
Mientras tanto, señala la Fiscalía, Cindy Ruth Peralta Alderete era pareja de Dionisio Cáceres y administraba el local “Baratote Modas”, presuntamente utilizado para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Álvaro Enrique Cáceres Cabrera supuestamente administraba dos comercios familiares que presuntamente servían para introducir dinero ilícito al sistema financiero, realizar préstamos usurarios y justificar bienes. También se le atribuye venta de drogas al menudeo y cumplimiento de tareas asignadas por la organización.
El Ministerio Público señala que otro de los miembros era Julián Franco, quien actuaba como intermediario con proveedores de drogas, gestionaba negociaciones de compra, obtenía ganancias por las operaciones y adquiría cantidades para la reventa. Además, vinculó a González Zárate con nuevos proveedores y con el líder criminal conocido como “Mariachi”.
Por su parte, Luis Alberto Paiva Gutiérres es señalado como líder de otra organización de narcotráfico que dirigía operaciones desde centros penitenciarios. Se habría aliado con González Zárate para coordinar tráfico, distribución y comercialización de drogas mediante una red de cooperación entre internos.
Diego David Giménez Arámbulo supuestamente operaba bajo órdenes de “Mariachi”. Realizaba recepción, transporte, acopio, ocultamiento y venta de drogas a clientes y otras estructuras. También se lo vincula con entregas de drogas y dinero en coordinación con miembros de la organización.
