Orden judicial frena explotación de acuífero y prioriza derecho al agua en Atyrá
La Corte Suprema de Justicia revocó una medida cautelar del Tribunal de Cuentas, que había dejado sin efecto la decisión de la Municipalidad de Atyrá de inhabilitar la extracción de agua. Con la decisión de la máxima instancia judicial, se deja sin efecto la medida que permitía a la firma Petrohue S.A. explotar un pozo profundo para abastecer a un complejo inmobiliario en Ypacaraí.
El representante legal del emprendimiento Highlands, Gabriel Chase, confirmó que la justicia revocó la medida cautelar que les había favorecido en su litigio judicial entablado contra el municipio de Atyrá.
Explicó que la resolución municipal que inhabilitó inicialmente la explotación de un pozo artesiano en Atyrá (para trasladar agua a un complejo hotelero en Ypacaraí) fue adoptada bajo presiones políticas, pese a que el proyecto contaba con permisos y estudios técnicos que avalan su funcionamiento.
Según explicó, la inhabilitación fue dispuesta por la Municipalidad sin motivación suficiente ni proporcionalidad, cuando el pozo estaba a punto de comenzar a operar para proveer agua potable a un barrio cerrado ubicado en Ypacaraí, en la entrada a la ciudad vecina de San Bernardino. “Se trata de un acto administrativo irregular, emitido por presión de sectores locales que buscan protagonismo político”, sostuvo a la radio 730 AM.
El letrado aseguró que esta extracción de agua iba a ser exclusivamente para consumo humano, por lo que rechazó las versiones que mencionaban que sería para rellenar la laguna artificial.
Detalló que el Tribunal de Cuentas, como medida provisoria, había habilitado el uso del pozo para evitar que residentes y trabajadores del complejo quedaran sin acceso al agua, un derecho consagrado constitucionalmente. No obstante, esa cautelar fue apelada y la Corte resolvió revocarla al considerar que anticipaba criterios propios de una sentencia definitiva.
El abogado aseguró que el litigio judicial aún no acabó, sino que solamente se decidió revocar la medida cautelar que beneficiaba a la empresa mientras duraba el análisis del caso. “El fondo de la cuestión aún no fue resuelto y se definirá cuando concluya el proceso contencioso”, aclaró.
En otro momento, Chase afirmó que el emprendimiento es el único en regla en la zona de Atyrá, con autorización de la ERSSAN, mientras que existen al menos 48 pozos clandestinos sin licencia ambiental ni permisos correspondientes en esa ciudad. Además, aseguró que estudios técnicos demuestran que la extracción no afecta al acuífero Caacupé.
La defensa también cuestionó la intervención del MADES, que abrió un sumario administrativo tras “denuncias infundadas”. Indicó que el estudio de impacto ambiental fue presentado y que el proyecto se encontraba en etapa previa a la comercialización del servicio, requisito para completar la documentación final.
Respecto al conflicto legal, Chase recordó que, tras otorgar permisos en noviembre de 2024 para la instalación de una cañería de impulsión de unos 8 kilómetros (obra que implicó una inversión cercana al millón de dólares), la municipalidad revocó la autorización y se destruyó la infraestructura. Por estos hechos, el concejal Wualberto Figueredo fue imputado por daños a obras construidas y la Fiscalía solicitó juicio oral. En paralelo, el emprendimiento promovió una demanda civil por USD 1,5 millones en concepto de daños y perjuicios.
El abogado sostuvo que detrás del conflicto hay “un grupo político que utiliza la bandera de la defensa del agua para frenar una inversión superior a USD 100 millones, integrada por capital paraguayo y extranjero bajo un fideicomiso con proyección a 10 años”.
