Tras escándalo de chats, Lilian Samaniego pide cortar conexión entre política y justicia y propone cumbre de poderes
En un llamado urgente a la independencia del poder judicial, la senadora Lilian Samaniego manifestó su preocupación por la situación de la justicia en Paraguay e instó a la separación entre la política y el sistema judicial. Según la legisladora, la justicia está en «emergencia».
«Me he tomado el tiempo de reflexionar sobre todo lo que está pasando lamentablemente en nuestro país en lo que hace a la justicia. Lo primero que quiero decir es que es urgente hacer una propuesta concreta para buscar terminar la relación que existe entre la política y la justicia, y la justicia en la política», declaró Samaniego.
Ante esta situación, la senadora consideró prioritario desarticular la dependencia de la justicia de los intereses políticos, comenzando con una investigación transparente e imparcial de todos los hechos denunciados, sin importar los nombres o cargos de los involucrados.
Asimismo, Samaniego aboga por la creación de la carrera judicial a través de una ley específica, como un mecanismo clave para garantizar la independencia del sistema judicial. Según sus declaraciones, actualmente jueces y fiscales dependen de su «relación con la política» tanto para acceder a sus cargos como para la renovación de sus mandatos cada cinco años.
«En la Corte, según la información que tengo, existe un proyecto sobre la creación de la carrera judicial. Hace años se debatió en la Cámara de Diputados, pero la propuesta fue retirada por influencia política y el debate quedó inconcluso. La Asociación de Jueces también presentó una iniciativa que quedó sin ser tratada», lamentó la senadora.
Según Samaniego, la carrera judicial permitiría instaurar la independencia judicial, promover la transparencia y la meritocracia, profesionalizar el Poder Judicial, reducir la corrupción y la impunidad, y fortalecer la estabilidad institucional.
En este contexto, la senadora pidió una reunión urgente de los tres poderes del Estado para revisar responsabilidades y llegar a una propuesta consensuada que se convierta en una política de Estado en materia judicial. «Que cada uno de estos poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asuma su responsabilidad y competencia», enfatizó.
