Preocupa a la Defensoría Pública el aumento de casos de violencia contra la mujer en lo que va del año
El defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, Javier Esquivel, expresó su alarma por el creciente número de casos de violencia contra la mujer que requieren la intervención de defensores públicos, en un contexto donde el sistema enfrenta serias limitaciones de recursos humanos y alta conflictividad. Según informó, solo en enero de este año, la institución atendió a 136 mil personas, con especial presión en los fueros de Niñez y Adolescencia y Penal.
«Es preocupante el aumento de atención relacionada con violencia contra la mujer», afirmó Esquivel, subrayando que este incremento evidencia una problemática social que no da tregua. Actualmente, la Defensoría Pública cuenta con 487 defensores en todo el país, una cifra insuficiente para la demanda existente. «Estamos pasando por una etapa de desbalance», admitió el defensor general, destacando que hay 111 cargos en concurso debido a la migración de defensores a otros puestos.
El sistema, además, se ve tensionado por la alta carga de casos complejos. Esquivel reveló que de cada 10 casos vinculados al crimen organizado, lavado de activos y narcotráfico, la Defensoría Pública asume la defensa de 7. Ante esta situación, propuso al Congreso una reforma para que quienes tengan recursos económicos paguen por el servicio, permitiendo así priorizar la atención al sector más vulnerable. «Se está desatendiendo a quienes realmente nos necesitan», advirtió.
Otro dato alarmante es que la Defensoría representa y defiende al 92% de las personas privadas de libertad sin condena, y probablemente al 100% de quienes están en ejecución penal. «Estamos trabajando para certificar a los reclusos y vencer el estigma de ‘preso kue’», añadió Esquive.
En cuanto al acceso al servicio, el defensor aclaró que en los fueros de Niñez y Adolescencia y Penal no es necesario demostrar insolvencia para recurrir a un defensor público, facilitando así la atención a quienes enfrentan estas causas. Sin embargo, la capacidad de respuesta se ve limitada por la falta de personal. «Necesitamos que el Consejo de la Magistratura acelere los procesos», reclamó, señalando que los defensores están «rebasados» ante el alto nivel de conflictividad.
