La Casa Blanca cuestiona orden judicial que obliga a detener la deportación de venezolanos
La orden fue emitida por un juez el pasado sábado, con el objetivo detener las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, lo que, de ocurrir, acercaría al país al borde de una crisis constitucional en medio de los enfrentamientos legales de una administración con pretensiones de amasar un vasto poder presidencial.
El drama rodea a los migrantes venezolanos expulsados con el uso poco común de una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, otra decisión controvertida y que puede representar una extralimitación del presidente Donald Trump.
El juez federal de distrito James Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones para considerar las implicaciones de la aplicación de la ley y dictaminó ante el tribunal que cualquier avión que ya estuviera en el aire transportando migrantes debía regresar a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno anunció este domingo que 250 deportados, presuntamente afiliados a la pandilla Tren de Aragua, se encontraban bajo custodia salvadoreña.
Una declaración cuidadosamente redactada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt solo profundizó la intriga sobre si los funcionarios desafiaron al juez.
La Administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas (del Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense, declaró Leavitt.
“Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense”, añadió.
