Paraguay enfrenta obstáculos para implementar el seguro de desempleo por falta de financiamiento
El proyecto de ley sobre el seguro de desempleo, diseñado por el Ministerio de Trabajo tras la pandemia, permanece estancado debido a la falta de recursos para su implementación. Alejandra Garcete, directora de Seguridad Social del Ministerio, explicó que la iniciativa buscaba inicialmente redireccionar el 2,5% del aporte adicional que realizan los empleadores para financiar este seguro. Sin embargo, una ley aprobada en diciembre, que modificó la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS), reasignó ese porcentaje al IPS, cerrando esa vía de financiamiento.
“El problema siempre va a radicar en el financiamiento de las prestaciones”, subrayó Garcete, en charla con la radio 1020 AM.
Paraguay se destaca como uno de los pocos países de la región sin un seguro de desempleo, una carencia que quedó en evidencia durante la pandemia del Covid-19.
Garcete recordó que, ante la falta de un mecanismo formal, el Estado recurrió a una ley de emergencia para subsidiar a trabajadores suspendidos o imposibilitados de trabajar, actuando como un “seguro de desempleo sin serlo como tal”. Esta experiencia resaltó la urgencia de contar con un instrumento que brinde protección a los trabajadores en momentos de crisis económica o laboral.
El público objetivo del seguro, según Garcete, son las aproximadamente 5.000 personas que salen del mercado laboral cada mes. La mayoría de estos trabajadores, que suelen cambiar de empleo, tardan entre tres y cuatro meses en reincorporarse formalmente, un período que el seguro de desempleo buscaría cubrir. Sin embargo, la funcionaria advirtió que incrementar las cargas financieras para empleadores o trabajadores no es viable en el contexto actual, ya que podría agravar los desafíos de formalización laboral en el país.
En cuanto al futuro del proyecto, Garcete señaló que “así como están las condiciones ahora, no está para convertirse en ley”. Para avanzar, recomendó abrir un diálogo amplio con todos los sectores involucrados, incluyendo trabajadores, empresarios y el gobierno, para explorar nuevas fuentes de financiamiento.
