Mades usó “espionaje brasileño” y ley europea para justificar licitación a medida

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), liderado por Rolando de Barros, quedó en el ojo de la tormenta tras una cuestionada licitación de equipos informáticos por G. 600 millones, en la que solo dos empresas del mercado pudieron competir, gracias a un requisito excluyente que dejó afuera al 89% de los proveedores.

La firma Data Lab SA denunció un direccionamiento y una restricción arbitraria a la competencia, tras la exigencia de una certificación ISO que solo poseen ITCS y Emprendimientos del Sur SA, ambas con adjudicaciones previas en el mismo rubro.

Como defensa, el Mades argumentó un supuesto riesgo de ciberataques de la Agencia Brasileña de Inteligencia, y hasta citó el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), una ley ajena al Paraguay, como fundamento para sostener el requisito.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) rechazó la protesta de Data Lab, pero el trasfondo del caso revela una licitación con fuerte olor a direccionamiento, exclusión y justificaciones insólitas.

“Como sacado de ChatGPT”, ironiza la protesta presentada, donde queda claro que se intentó blindar la compra para un par de proveedores selectos.