Buscan G. 1.500 millones cobrados por extitular de Capasa
Una auditoría en Capasa indaga un contrato con cláusulas leoninas firmado antes de la destitución de José Ocampos y la falta de fondos.
José Ocampos, extitular de Cañas Paraguayas SA (Capasa), firmó una adenda contractual con cláusulas leoninas poco antes de ser destituido por el presidente Santiago Peña, estableciendo compras obligatorias por G. 1.500 millones mensuales con la empresa Santacruz y Cía. SA. La adenda fue suscrita el 10 de mayo, apenas 40 días antes de que Ocampos dejara el cargo el 20 de junio último, modificando sustancialmente un convenio original de distribución y comercialización firmado el 2 de agosto de 2024.
El actual presidente de Capasa, Manuel Chávez, confirmó que está realizando una auditoría financiera para rastrear el paradero de los G. 1.500 millones que, según reportes de la empresa Santacruz y Cía., ya fueron pagados durante la gestión anterior. Chávez indicó que no existen rastros del ingreso de ese dinero a las arcas de la empresa estatal, por lo que los primeros indicios sugieren que el monto habría sido utilizado para el pago de salarios.
La adenda modificó un contrato inicial que otorgaba a Santacruz y Cía. SA, representada por Marco Santacruz, la distribución de productos Capasa en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, San Pedro, Amambay, Concepción y la región Occidental para las marcas Aristócrata y Parapiti. El primer agregado, firmado el 29 de abril de 2025, amplió el territorio de comercialización autorizando la exportación a Argentina y Brasil, además de incluir cláusulas de exclusividad vinculante.
Las modificaciones contractuales establecieron que la exclusividad sería independiente a los cambios de presidencia, dirección, administración o propiedad de cualquiera de las partes, así como a modificaciones en la razón social o estructura societaria. La adenda especifica que “esta obligación será vinculante para sucesores, herederos, adquirentes o cualquier tercero que asuma el control de las partes», incorporando también la irrenunciabilidad de derechos y obligaciones en caso de fusión o reorganización empresarial.
Una segunda adenda, firmada apenas 11 días después en mayo, convirtió a Santacruz y Cía. SA en el único y exclusivo distribuidor para todos los productos actuales y futuros de Capasa en todo el territorio paraguayo.
Adicionalmente, Capasa autorizó a la empresa privada a incorporar sus empleados para realizar auditorías operativas y financieras en la fábrica estatal, estableciendo compras mínimas mensuales de G. 1.500 millones durante los primeros seis meses, incrementándose a G. 1.800 millones a partir del sexto mes.
Manuel Chávez reconoció que al asumir el cargo el 20 de junio se encontró con estas cláusulas leoninas y solicitó inmediatamente a la asesoría jurídica una revisión y negociación con la empresa. El nuevo titular de Capasa confirmó que está trabajando para modificar el acuerdo y recuperar los fondos aparentemente desviados, mientras la auditoría financiera continúa investigando el destino de los recursos que deberían haber ingresado a la empresa estatal pero que no figuran en los registros contables oficiales.
