CSJ solicita resguardo para magistrados tras amenazas
El presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel solicitó resguardo oficial para tres magistrados del Alto Paraná que recibieron amenazas tras dictar una condena contra una organización criminal. La decisión surge después de que el Tribunal de Sentencia condenara a varios procesados en un caso de corrupción penitenciaria registrado el pasado 12 de agosto.
Durante la sesión plenaria ordinaria de la CSJ, Diesel expuso la situación de riesgo que enfrentan los integrantes del tribunal tras la sentencia dictada en juicio oral y público. El presidente no reveló la identidad de los magistrados afectados, pero confirmó que las amenazas están directamente relacionadas con la condena impuesta a personas identificadas en el proceso judicial.
El titular de la Corte explicó que tuvo conocimiento de las amenazas el 14 de agosto y procedió inmediatamente a comunicarse con autoridades nacionales de seguridad. Esta gestión inicial buscó establecer un protocolo de protección inmediata para los magistrados mientras se formalizaba el pedido oficial ante las instancias correspondientes del Estado paraguayo.
Diesel solicitó autorización del pleno para oficializar la petición de resguardo ante las autoridades competentes, propuesta que recibió aprobación unánime de los demás ministros de la Corte. Esta decisión institucional refuerza el respaldo del Poder Judicial hacia los magistrados que ejercen sus funciones en condiciones de riesgo por cumplir con sus obligaciones constitucionales.
El presidente de la CSJ enfatizó que recibió un memorándum de los magistrados solicitando expresamente el respaldo institucional tras las intimidaciones. Diesel destacó la necesidad de transmitir valentía y confianza plena en los actos de los jueces, reafirmando que la magistratura no puede verse condicionada por amenazas de ninguna naturaleza en el ejercicio de sus funciones.
La condena que originó las amenazas involucró al exdirector de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo y al excoordinador general Francisco Javier Ramírez Torres. Ambos funcionarios recibieron sentencias de 18 años y 9 meses de prisión por liderar una red criminal dentro del establecimiento carcelario.
El Tribunal de Sentencia presidido por Evangelina Villalba e integrado por Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo declaró probada la acusación fiscal. Los magistrados determinaron la responsabilidad por hechos punibles de suministro de estupefacientes en lugares de reclusión, tenencia sin autorización de sustancias, asociación criminal y comercialización de drogas en el penal esteño.
La estructura criminal incluía a Ali Issa Chamas, Ali Fouani, Diego Pedro Barcik y Leonardo Araujo Viera, quienes recibieron condenas de seis años de cárcel. Jorge Darío Mendoza Penayo fue sentenciado a 12 años de prisión por su participación en el esquema de ingreso ilegal de drogas y bebidas alcohólicas al establecimiento penitenciario.
La investigación fiscal reveló que Chamas encabezaba la organización, Fouani coordinaba la logística operativa y Barcik se encargaba de adquirir sustancias ilícitas. Araujo Viera y Mendoza Penayo ocultaban drogas y alcohol entre alimentos para transportarlos en furgoneta, con autorización de los directivos penitenciarios. El esquema fue desarticulado tras una intervención fiscal policial ejecutada en diciembre de 2023.
