“El derecho penal castiga el dominio del hecho, no el cargo”, advierte abogado de Miguel Prieto
El abogado Guillermo Ferreiro habló con PDS Radio sobre la nueva imputación presentada por el Ministerio Público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, señalando que se trata de una investigación “sin hechos concretos” y basada en denuncias genéricas que no describen conductas atribuibles a su defendido.
Ferreiro aseguró que la Fiscalía realiza una “auditoría” de las gestiones municipales, sin pruebas que respalden la comisión de hechos punibles. “No han podido encontrar un solo ladrillo faltante, una bolsa de cemento, nada. Entonces construyen un relato en base a inconsistencias menores y terminan imputando a Prieto sin describirle una conducta concreta”, expresó.
El letrado explicó que en derecho penal la prueba determinante es la constatación física de lo adquirido con fondos públicos. “Si el Estado paga por un puente, por más que los papeles estén desordenados, si el puente existe y se usa, es muy difícil hablar de lesión patrimonial. En el caso de Miguel, nunca se probó la falta de bienes ni sobrefacturación”, recalcó.
Asimismo, criticó que las investigaciones fiscales se sostengan en “denuncias vacías” que no cumplen con el mínimo de elementos. “Cualquiera puede presentar una denuncia, pero eso no genera valor si no hay documentos ni hechos verificables. Acá no hay facturas falsas ni sobreprecios comprobados, solo papeles revisados una y otra vez”, añadió.
En relación a la acusación sobre supuestas irregularidades en fondos destinados a ollas populares, Ferreiro la calificó de “débil” y basada en vínculos personales entre integrantes de comisiones. “Que dos personas sean parientes en distintas comisiones no constituye irregularidad alguna. No hay ninguna norma que lo prohíba”, enfatizó.
El abogado también alertó sobre lo que considera una aplicación arbitraria del derecho penal: “A Prieto lo imputan porque era intendente, no porque haya pruebas de que ordenó, conoció o participó de un hecho ilícito. En derecho penal se castiga el dominio del hecho, no el cargo”.
Ferreiro insistió en que todas las auditorías, incluso las realizadas por la Contraloría, no hallaron hechos que puedan configurar un desvío concreto de fondos. “Siempre encuentran observaciones en trámites administrativos, pero eso ocurre en cualquier licitación pública. No hay pruebas de corrupción real”, sostuvo.
Finalmente, se mostró confiado en que la imputación “no tiene sustento” y que será revertida en sede judicial. “Esto se cae en un juicio serio, con criterios técnicos. Es una persecución más política que jurídica”, concluyó.
