“Triple femicidio narco en La Matanza Argentina”
Las imágenes que vieron por última vez a Morena Verri, Brenda del Castillo y a la menor Lara Gutiérrez subiendo a una Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada ya no son sólo pruebas: son la posta de una democracia que permite que mafias muestren su poder sin pagar el costo político ni judicial. Las jóvenes —dos de 20 años y una de apenas 15— desaparecieron el viernes y fueron encontradas asesinadas y enterradas en una casa de Florencio Varela. 
No hablamos de una riña callejera ni de un ajuste entre bandas menores: la investigación apunta a una venganza ejecutada por una organización narco transnacional, con nexos que cruzan la Villa 1-11-14 y la Ciudad de Buenos Aires. La saña con la que actuaron los agresores —amputaciones, mutilaciones, desmembramientos según los informes preliminares— no sólo humilla a las víctimas y a sus familias: manda un mensaje claro de terror y control. ¿Qué Estado tolera que una banda ejecute este ritual de horror sin que antes se haya intervenido con eficacia? 
Ya hay detenidos —al menos cuatro imputados identificados en las primeras horas y más arrestos en los allanamientos a la Villa Zavaleta— pero la respuesta policial y judicial no puede quedarse en imágenes de detenciones y vehículos quemados. Se detuvo a personas vinculadas con la vivienda donde aparecieron los cuerpos y a integrantes señalados como parte de la red; aun así, la pregunta es ineludible: ¿cómo permitimos que una organización con poder suficiente para ejecutar y transmitir torturas en vivo tenga suficiente impunidad para operar en el conurbano? 
Mientras las madres y los abuelos piden justicia en la rotonda donde todo comenzó —y muestran las fotos de las niñas que les arrebataron—, el Estado debería dejar de protagonizar comunicados de ocasión y asumir medidas concretas: investigación federal coordinada, intervención de fuerzas especializadas en redes narco-transnacionales, controles preventivos en corredores conocidos y, sobre todo, políticas públicas que protejan a las personas más vulnerables —aquellas forzadas a exponerse por trabajos informales o en contextos de riesgo— para que no terminen en manos de verdugos. 
No alcanza con lamentos televisivos ni con el encierro de sospechosos cuyo enjuiciamiento tardará años. Las familias de Brenda, Morena y Lara exigen —y merecen— que la justicia actúe con velocidad y transparencia: que se investiguen todas las conexiones, se rastreen los responsables que ordenaron la ejecución y se vaya hasta el final con quienes transmitieron y participaron de la tortura. La impunidad que permite que la violencia sea espectáculo es la misma que convierte el terror en herramienta de control social. 
Hoy el país presencia una barbarie que no puede normalizarse. Los nombres de las víctimas no deben convertirse en otra estadística: son chicos y chicas que tenían familia, sueños y derecho a vivir. Exigimos que las autoridades —desde la policía local hasta el Ministerio de Seguridad provincial y la justicia federal respondan con hechos y no con declaraciones públicas destinadas sólo a calmar titulares. Si no hay respuestas contundentes, la sentencia más dura será del pueblo: la pérdida total de confianza en quienes deberían garantizar la seguridad.
