Fundación japonesa presenta acción de nulidad por sentencia en caso de tierras del Chaco
La Fundación para el Desarrollo Sustentable, compuesta por misioneros japoneses en Puerto Leda, busca anular una sentencia que incluye tierras que ocupan hace 24 años, alegando no haber sido notificada pese a tener opción preferente de compra.
La Fundación para el Desarrollo Sustentable, conformada por misioneros japoneses asentados en Puerto Leda desde hace más de 24 años, busca anular la sentencia dictada por la exjueza Tania Irún. Según su abogado, Milciades Benítez, la organización mantiene un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre las tierras involucradas, firmado con la Asociación Espíritu Santo, conocida como la Iglesia de los Moon.
Benítez explicó que, al revisar el expediente principal, la Fundación descubrió que las tierras que ocupan forman parte de los bienes que supuestamente serían transferidos a empresas de maletín registradas en paraísos fiscales. “Nuestros clientes nunca fueron notificados ni tuvieron la oportunidad de defender su derecho a la opción preferente de compra”, señaló el representante legal.
El abogado también indicó que las empresas implicadas alegan un préstamo de 15 millones de dólares a la Asociación Espíritu Santo, mientras que las tierras, que abarcan 310.000 hectáreas, fueron valuadas muy por debajo de su precio real, incluso del valor fiscal. “Es necesario investigar esta transacción, que podría calificarse como simulación, ya que el monto no refleja el valor de los terrenos”, agregó.
La Fundación también cuestiona el juicio caratulado como “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, ya que consideran que vulnera sus derechos como terceros interesados. Según Benítez, buscan la nulidad total del proceso debido a la exclusión de la Fundación y la falta de transparencia en la transferencia de las tierras a empresas de maletín.
“Además de la nulidad, planteamos subsidiariamente una modificación equitativa del contrato, de modo que se evalúe el valor real de las tierras y se respete la opción preferente de compra de nuestros representados”, puntualizó el abogado.
Cabe recordar que la exjueza Tania Irún, quien favoreció a estas empresas de maletín mediante su fallo, fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2021 por mal desempeño de funciones. Asimismo, el Ministerio Público la acusó de prevaricato, argumentando que sus acciones violaron la Ley de Seguridad Fronteriza al ceder más de 310.000 hectáreas de tierras estratégicas del Chaco.
