Declaran rebelde y ordenan captura nacional de imputado en causa por cohecho agravado
La juez de Crimen Organizado Rosarito Montanía declaró la rebeldía y ordenó la captura del exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, imputado por su presunta participación en un esquema de coimas en el SENAVE. El juzgado ordenó su captura ante su incomparecencia en la audiencia de imposición de medidas señalada en la causa y debido a que el mismo tiene una orden de captura vigente por parte de un juzgado de ejecución, para que pueda cumplir su condena firme de 8 años de cárcel.
De acuerdo con el expediente, el imputado Roberto Cárdenas, quien ya cuenta con una condena de 8 años de pena privativa de libertad en otra causa por lesión de confianza, fue debidamente notificado para presentarse el pasado 08 de octubre del corriente año, pero no acudió a la citación ni justificó su ausencia. Su defensa, a cargo del abogado David Enmanuel Florentín De Jesús, había presentado una excepción de incompetencia un día antes de la audiencia, recurso que fue posteriormente rechazado por el juzgado.
La magistrada destacó que la conducta procesal del acusado evidencia una falta de voluntad de someterse a la justicia y una obstrucción al desarrollo del proceso, motivo por el cual se dispuso la rebeldía y la consecuente orden de captura en todo el territorio nacional. Asimismo, el juzgado ordenó interrumpir el plazo de duración máxima del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 82 del Código Procesal Penal (CPP), hasta tanto el acusado sea detenido y puesto a disposición del juzgado.
El fallo también señala que Roberto Cárdenas Ramírez tiene antecedentes en otra causa penal radicada en el Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 2, a cargo de la juez María Lidia Wyder, donde se reiteró una orden de captura nacional vigente por incumplimiento de su condena.
En consecuencia, el juzgado dispuso librar los oficios correspondientes a la Comandancia de la Policía Nacional y a la Dirección General de Migraciones, a fin de garantizar la localización y aprehensión del procesado. La magistrada recordó que la presencia física del imputado es esencial para garantizar el debido proceso y permitir el ejercicio pleno de su defensa.
Con esta decisión, la causa por cohecho pasivo agravado y otros delitos continúa su curso, mientras el Ministerio Público, representado por la fiscal Yeimy Adle, mantiene activa la investigación sobre la presunta participación del imputado en hechos de corrupción que habrían comprometido la integridad de recursos estatales.
