Fundación cuestiona riesgo de terminar con labor de 25 años de desarrollo y sustentabilidad
Desde la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas señalan que hace más de 25 años han trabajado en la conservación del medio ambiente y en el fomento de la piscicultura en la remota región de Puerto Leda, Alto Paraguay. Sin embargo, lamentan que su labor esté siendo amenazada debido a una transferencia de tierras que arrendan de la Asociación Espíritu Santo, favoreciendo a empresas registradas en paraísos fiscales, en una operación judicial considerada irregular. El caso involucra a la exjueza Tania Irún, quien dictó una sentencia a favor de las empresas offshore.
El abogado Milciades Benítez, quien representa a la Fundación, expresó su preocupación por lo que considera una simulación en las transacciones realizadas entre las empresas de maletín registradas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.
Según Benítez, “subsidiariamente, nosotros estamos buscando una modificación extensiva del contrato ya que, al ser deudor la iglesia de los Moon, aquí se ha despojado íntegramente las tierras que estaban en su propiedad, cerca de 300.000 hectáreas, a un valor que no llega ni a 20 dólares, lo que incluso puede ser calificado como una simulación”.
El abogado también destacó que la transacción carece de justificación adecuada, ya que el valor de las tierras no se ajusta al real valor fiscal, además de que la Fundación no fue debidamente notificada en el juicio que derivó en la transferencia de las tierras.
“Porque ni siquiera cubre el valor fiscal de esas tierras y el proceso fue desarrollado sin que nosotros podamos estar presentes y defender nuestra opción preferente de compra”, remarcó Benítez.
Los miembros de la Fundación llevan más de dos décadas trabajando en la región de Puerto Leda, enfocándose en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La organización tiene un contrato de arrendamiento con opción a compra con la Asociación Espíritu Santo, pero nunca fueron incluidos en el proceso judicial que favoreció a las empresas de maletín.
“Producto de que nosotros solicitamos una intervención como terceros interesados en el expediente principal, nos percatamos de que esas tierras que están ubicadas a 200 km de Puerto Casado también están incorporadas entre los bienes que se quieren transmitir a favor de dichas empresas de maletín”, señaló Benítez.
A través de la acción autónoma de nulidad, la Fundación busca invalidar el juicio que favoreció a las empresas offshore, argumentando que su derecho a la opción preferente de compra no fue considerado y que no tuvieron la oportunidad de defender sus intereses.
