Más de mil empleados de la Cámara Baja cobran sin que se sepa su profesión

En la Cámara de Diputados se destapó un dato incómodo: casi la mitad de sus funcionarios, incluidos los 80 legisladores, figuran en la nómina oficial sin que conste su profesión. De los 2.405 empleados, 1.042 aparecen “sin datos” en la columna que debería precisar si son bachilleres, universitarios o si siquiera terminaron la secundaria. La opacidad golpea de lleno a la credibilidad institucional, más aún cuando en setiembre se destinaron G. 16.957 millones (USD 2,4 millones) en salarios, dietas y gratificaciones.

El análisis revela que mientras abundan abogados (418), policías (131) y contadores (79), también hay 58 bachilleres reconocidos en planilla, pero miles de casos permanecen en la sombra. La situación se vuelve más polémica al constatar que 23 funcionarios de Diputados prestan servicios en despachos de senadores, y que algunos legisladores concentran hasta tres empleados a su cargo, mientras otros no figuran con ninguno.

La falta de transparencia sobre la preparación académica de quienes cobran del erario público reaviva el debate sobre el clientelismo y la discrecionalidad en el Congreso. En un país donde el acceso a cargos estatales suele estar marcado por vínculos políticos más que por méritos, la omisión de datos profesionales en la Cámara Baja expone un sistema que privilegia la lealtad partidaria por encima de la capacidad técnica.