Pobladores de Puerto Casado claman por tierras propias y advierten con protestas indefinidas
La comunidad de Puerto Casado continúa enfrentando una larga lucha por la regularización de sus tierras, amparada en la Ley 3294/2015, que sigue sin implementarse a su favor. Esta normativa fue aprobada para garantizar la transferencia de terrenos a los habitantes del municipio, pero aún no se ha concretado su cumplimiento.
Esta semana, miembros del Consejo Pastoral Social de Puerto Casado realizaron un viaje de 12 horas hasta la Basílica de Caacupé, donde buscaron visibilizar su causa y exigir al Estado paraguayo una solución inmediata. Durante la homilía del obispo del Chaco, hicieron un llamado urgente a las autoridades, advirtiendo que, de no ser escuchados, recurrirán a medidas de protesta.
“Estamos viniendo en nombre del Consejo Pastoral Social que tenemos en Puerto Casado con la multisectorial de lucha de tierra que ya son 25 años. Exigimos la presencia del Estado en Puerto Casado”, expresó Solano Centurión, uno de los representantes de la comitiva.
La Ley 3294, aprobada en 2015, aceptó la donación de tierras por parte de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y la firma Atenil S.A. a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Estas tierras, ubicadas en Puerto Casado y Puerto Pinasco, están destinadas a la reforma agraria y a la municipalidad de Puerto Casado para el desarrollo urbano. Sin embargo, el proceso de inscripción de estas tierras a nombre de los casadeños sigue sin completarse, generando incertidumbre y afectando la calidad de vida de más de 7.000 familias.
“Queremos una solución a esta situación. Nosotros nos sentimos muy acompañados por la Iglesia, pero el pueblo hoy ya no aguanta. ¿Gracias a qué se alimenta Puerto Casado? Del poste de quebracho. El poste se está terminando y somos más de 7.000 familias que necesitamos esas tierras documentadas”, denunció Centurión.
La comunidad, históricamente dependiente de la explotación del quebracho, enfrenta el agotamiento de esta fuente de sustento, lo que incrementa la urgencia de regularizar las tierras que ocupan y trabajan.
Centurión también recordó que, en 2018, la exjueza civil y comercial Tania Irún firmó una sentencia que obligó a la Asociación Espíritu Santo a ceder 310.000 hectáreas a empresas offshore. Estas tierras, repartidas en 26 fincas, incluyen 11 vinculadas directamente a la Ley 3294, las cuales deberían haber sido transferidas a los casadeños. La Asociación, por su parte, reiteró su compromiso con la ley y su disposición a que los pobladores se conviertan en los legítimos propietarios.
“Tenemos nuestro derecho, más de 20 años de ocupación. Pero necesitamos que el Gobierno se haga presente con todas sus instituciones y brinde soluciones a Puerto Casado”, concluyó Centurión.
A pesar de las décadas de lucha y las disposiciones legales vigentes, los casadeños siguen sin acceso pleno a sus tierras, una situación que afecta su desarrollo y amenaza su subsistencia. Resolver esta problemática es una deuda pendiente que el Estado no puede seguir postergando.
