Ley lingüística ahuyentaría a estudiantes extranjeros, advierten

La Ley 7.324, que establece exigencias lingüísticas para estudiantes extranjeros, podría provocar la salida masiva de alumnos brasileños y de otros países, advirtió la Dra. Emma Paoli de Viedma, presidenta de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (UFAMED).

Según explicó la especialista, esta normativa, aprobada en abril de 2023 y reglamentada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) a finales del mismo año, obliga a los estudiantes extranjeros a rendir un examen de competencia en español reconocido internacionalmente, como el SIELE, que depende del Instituto Cervantes de España.

Paoli de Viedma señaló al canal GEN que una medida similar se implementó en Argentina en 2023, lo que provocó la migración de estudiantes brasileños a Bolivia, Paraguay y Perú, países donde no existía esta exigencia. Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley en Paraguay, se teme que estos alumnos opten nuevamente por trasladarse a otras naciones con regulaciones más flexibles.

Actualmente, en la frontera paraguaya hay aproximadamente 45.000 estudiantes brasileños de Medicina, cuya permanencia en el país representa un impacto económico significativo. Se estima que cada alumno invierte alrededor de 1.100 dólares mensuales, de los cuales 250 dólares van a la universidad y el resto se destina a vivienda, alimentación y otros gastos, beneficiando a la economía local.

Otro punto señalado por la presidenta de UFAMED es la contradicción dentro de la misma Ley 7.324. El artículo 3 establece que el certificado de competencia en español no será exigido si el programa de estudios es dictado en el idioma nativo del estudiante extranjero. “Esto significa que una universidad paraguaya podría ofrecer clases en portugués, lo que deja un vacío legal importante”, sostuvo.

Además, recordó que los tratados del Mercosur, como el de Ouro Preto y el de Asunción, reconocen tres idiomas oficiales: español, portugués y guaraní, lo que podría generar un conflicto normativo.

Uno de los argumentos utilizados para justificar la ley es la barrera idiomática en los hospitales públicos, donde los estudiantes extranjeros realizan prácticas. Sin embargo, Paoli de Viedma aclaró que la comunicación con los pacientes está a cargo de tutores, quienes traducen las consultas médicas cuando es necesario.

Asimismo, recordó que las universidades privadas que forman profesionales de la salud contribuyen con el 10 % del ingreso mensual por alumno al Ministerio de Salud Pública, lo que permite la compra de insumos médicos y equipamiento para los hospitales públicos.