Salpicados por corrupción y antecedentes: Senadores integrantes de la Comisión para la renegociación del Anexo C de Itaipú bajo la lupa
La reciente conformación de la Comisión de la Cámara de Senadores encargada de velar por la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú generó controversia debido a los antecedentes judiciales y acusaciones de corrupción que pesan sobre varios de sus miembros. A continuación, se detallan los casos más relevantes:
Erico Galeano: El senador enfrenta una acusación formal por parte de la Fiscalía por presuntos hechos de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py. Se le señala por supuestamente haber facilitado una aeronave de su propiedad para actividades relacionadas con el narcotráfico, además de recibir fondos de origen dudoso para la compra de inmuebles.
Juan Carlos «Nano» Galaverna: Publicaciones periodísticas señalaban que en febrero de 2011 el fiscal Eduardo Cazenave había descubierto que todo un equipo de fútbol figuraba en el plantel de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El club en cuestión era el 24 de Mayo de Ypacaraí donde “Nano” Galaverna era dirigente y arquero..
Noelia Cabrera: En cuanto a su patrimonio, Cabrera en el 2023 dio un salto en sus finanzas, ya que en su DDJJ publicó dos viviendas, una en Benjamín Aceval, y otra en San Lorenzo por un valor de G. 1.250.000.000, además de dos vehículos, mientras que su total de activos trepó a G. 1.609.500.000. Antes, su balance estaba en rojo.
Natalicio Chase: Entre sus antecedentes como presidente de la Essap, la oposición le acusó a Chase de ser proveedor del Estado, como representante legal de la empresa Jónica SA, que ganó una licitación de Gs. 8.500 millones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción de caminos vecinales.
Dionisio Amarilla: En 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó una denuncia en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Sin embargo, hasta enero de 2020, la Fiscalía no había avanzado en la investigación, y el caso permanecía estancado.
Lizarella Valiente: No se encontraron referencias específicas en las fuentes consultadas sobre investigaciones o acusaciones en su contra. Sin embargo, la misma es más conocida por sus intervenciones contra la ideología de género antes que posiciones acerca de la política energética del país.
Zenaida Delgado: Dicha congresista pasó del partido Cruzada Nacional al Partido Colorado, integrando la bancada de Honor Colorado. A través de las redes y vía Whatsapp surgió la información que la misma había contratado a su sobrino, cuñada y concuñada e incluso hasta la hija del chofer del transporte escolar de su hija.
Pedro «Pipo» Díaz Verón: El exgobernador de Caazapá y actual senador fue denunciado por supuesta lesión de confianza. Sin embargo, en marzo de 2024, el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia, argumentando la falta de evidencias de perjuicio patrimonial.
Hernán Rivas: Imputado en enero de 2024 por la Fiscalía por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos falsos. Se le acusa de haber presentado títulos académicos supuestamente fraudulentos para obtener su matrícula de abogado.
La inclusión de estos legisladores en una comisión de tanta relevancia levantó críticas y preocupaciones sobre la idoneidad y transparencia en el proceso de renegociación del Anexo C de Itaipú. Según el diputado Rubén Rubín, de los 125 diputados y senadores del Congreso, 100 son «vendepatrias».
