“Si tienen vía libre, en 48 horas se va”: Óscar Tuma lanza bomba contra el Fiscal General y presenta juicio político
Hoy, el abogado Óscar Tuma sacudió el tablero político y judicial al presentar formalmente en el Congreso Nacional un pedido de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández. En declaraciones explosivas, Tuma fue tajante: “Si los diputados tienen vía libre, en 48 horas Emiliano Rolón deja de ser Fiscal General”.
El abogado, que representa legalmente a la familia del fallecido diputado Eulalio Gomes, aseguró que la solicitud no responde a favores políticos ni acuerdos partidarios, y que él mismo firmará y entregará el pedido ante el Parlamento. No obstante, reconoció que si los legisladores deciden actuar por cuenta propia, el juicio político al FGE podría salir por unanimidad. Incluso, afirmó que la familia Gomes acudirá a instancias internacionales buscando justicia contra la muerte del legislador.
Graves acusaciones
La acusación contra Rolón se sustenta en presuntos casos de mal desempeño en sus funciones, que según Tuma incluyen:
- Pérdida total de confianza ciudadana en el Ministerio Público, ante la inacción frente a hechos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos.
- Manejo político de la Fiscalía, acusando al FGE de permitir la persecución penal selectiva y de proteger a sectores de poder.
- Caso Eulalio Gomes: Tuma calificó la investigación de la muerte del diputado como “deficiente, parcial y negligente”, asegurando que fue archivada sin pericias fundamentales, sin reconstrucción del hecho y sin responsables imputados, pese a evidencias del uso excesivo de la fuerza.
- Falta de control jerárquico: Según la denuncia, Rolón ha tolerado irregularidades dentro de la institución y consolidado la impunidad como práctica habitual.
«Esto no es político, es institucional»
Tuma remarcó que no habló con ningún legislador para impulsar la causa y que su intención es puramente institucional: “La República no puede tolerar la continuidad de una gestión que debilita la justicia penal, desnaturaliza la legalidad y consagra la impunidad”.
El futuro del Fiscal General del Estado ahora queda en manos del Congreso, que deberá definir si da curso al juicio político o cierra filas en defensa del cuestionado titular del Ministerio Público.
