Exministra califica de contradictorio al Gobierno tras declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica
La abogada y exministra de Justicia, Cecilia Pérez, advirtió sobre las contradicciones en el accionar del Gobierno paraguayo respecto a la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (IRGC) como organización terrorista.
Pérez sostuvo que la decisión responde más a una estrategia política que a una convicción jurídica y deja al descubierto inconsistencias con la actuación estatal en casos anteriores relacionados con el terrorismo internacional como lo es el caso del avión iraní.
“El decreto es una propaganda política. Hay una contradicción entre lo que se dice y lo que realmente se hizo, sobre todo en el caso del avión iraní, donde se desestimó una causa sin una investigación seria, a pesar de existir informes internacionales que vinculaban a la tripulación con estructuras terroristas”, expresó Pérez, en charla con la radio 780 AM.
Recordó que el caso del avión fue cerrado judicialmente sin que se consideraran elementos clave de inteligencia. “Acá se actuó con apuro, con falencias y con vicios. Se optó por una resolución judicial que claramente no respondió al marco legal antiterrorista vigente”, apuntó.
La exministra también relacionó la decisión de declarar terrorista a la IRGC con una clara intención política de desmarcarse de cualquier vínculo con el régimen iraní. “Primero se desestima el caso del avión, después viene el viaje a Israel y luego se emite este decreto. La línea de tiempo es evidente”, aseguró.
Consultada sobre el impacto internacional de esta medida, Pérez fue enfática al señalar que la comunidad internacional no se dejará engañar: “Organismos internacionales y gobiernos que cooperan en la lucha contra el terrorismo saben perfectamente lo que ocurrió en Paraguay. No se van a comer el cuento. Las contradicciones son evidentes y la triple frontera está constantemente bajo análisis internacional”.
Además, criticó la aparente “selectividad” del Ejecutivo al referirse a la independencia de poderes. “Cuando le conviene, el presidente se desmarca del Poder Judicial. Pero en otros casos, como el del diputado Lezcano, sí intervino activamente”, sostuvo.
Finalmente, Pérez explicó que la causa del avión iraní podría reabrirse solo si se presentan nuevos elementos relevantes, dado que no existen víctimas directas que puedan apelar la resolución. A diferencia del caso del fallecido diputado Lalo Gómez, donde sí hay una familia que puede accionar judicialmente, en el caso iraní el diseño procesal actual dificulta cualquier revisión sin pruebas nuevas.
“La lucha contra el terrorismo no puede abordarse con dobles discursos. Debe ser seria, coherente y sostenida. De lo contrario, solo se refuerza la impunidad y se pierde credibilidad ante el mundo”, concluyó Pérez.
