Tuma cuestiona intención de establecer cadena perpetua para menores y advierte sobre conflictos legales e internacionales
El abogado y exdiputado Óscar Tuma se pronunció públicamente en contra de la posibilidad de implementar la cadena perpetua en Paraguay, particularmente cuando se trata de menores de edad. Afirmó que para aplicar una medida de esa naturaleza sería necesario no solo modificar la Constitución Nacional, sino también denunciar y abandonar diversos tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado. «Entonces abramos una cárcel en el último rincón del país y aislarlos de por vida a esa gente de la sociedad, pero ese no es el objetivo de la Constitución Nacional», expresó.
Actualmente, la legislación paraguaya establece un máximo de ocho años de privación de libertad para adolescentes que cometen delitos graves. Esta limitación responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por Paraguay en 1990 mediante la Ley 57/90.
Este tratado exige que la detención de menores sea una medida de último recurso y solo por el tiempo más breve posible. Además, tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos también prohíben penas desproporcionadas para personas menores de 18 años.
Tuma recordó que estos convenios tienen jerarquía superior a las leyes nacionales, conforme al artículo 141 de la Constitución, y que cualquier intento de imponer penas perpetuas a menores podría conllevar consecuencias internacionales graves, como ocurrió en el caso «Mendoza vs. Argentina» ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, citó las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que establecen los 14 años como la edad mínima aceptable para la responsabilidad penal, y subrayan que la justicia penal adolescente debe enfocarse en la reeducación y la reinserción, no en la retribución punitiva.
