Corrupción en el Senave: acusan al Ejecutivo de ignorar denuncias durante años
La destitución de Pastor Soria al frente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), tras su imputación por presunto cobro ilegal de aranceles, generó reacciones inmediatas entre representantes del sector frutihortícola, quienes calificaron el esquema como una práctica extendida y sistemática de corrupción.
En charla con la radio 1080 AM, Karen Leguizamón, vocera de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas, sostuvo que el grupo liderado por Soria instaló una red de extorsión sin precedentes en la institución y cuestionó duramente la pasividad de las autoridades políticas frente a las denuncias que el gremio presentó durante el último año.
“Pensé que todo iba a quedar en el ‘opareí’, como se dice acá. Vivimos en un país donde la justicia se maneja políticamente”, expresó. Añadió que los comerciantes remaron contra todo tipo de corrupción sin respaldo institucional y que la respuesta oficial llegó solamente cuando la presión fue insostenible.
Leguizamón reveló que el esquema incluyó a familiares directos del exdirector, como Miguel Báez (sobrino), Miguel Martínez y la ingeniera Isabel (cuñada de Soria), quienes, según su testimonio, contactaban a los importadores para exigir pagos arbitrarios a cambio de la expedición del certificado obligatorio para la importación de productos frutihortícolas.
“Nos cobraban por zapallo, por sandía, por lechuga, algo que ningún otro gobierno hizo con nosotros. Pagabas y te dejaban igual en lista de espera. Era alevoso, brutal, nunca pasó algo así antes”, denunció.
La dirigente afirmó que el gremio presentó mensajes, capturas y documentos a las autoridades. “Le conté al ministro de Agricultura, le mostré las pruebas, y lo que hicieron fue destituir al jefe de gabinete pero dejar al sobrino en el cargo. Entonces dijimos: este se queda para rato”, relató.
Cuestionó duramente la falta de respuestas institucionales, incluso desde el Palacio de Gobierno. “Presentamos notas al Presidente el año pasado y nunca nos respondieron. Nadie nos apoyó, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Ministerio de Industria y Comercio”, dijo. Añadió que el Ejecutivo aplaudió el trabajo del Ministerio Público de forma oportunista, pero durante meses ignoró las denuncias presentadas por los comerciantes.
“Decir ahora que se busca transparencia es mentira. La estructura política se llamó al silencio y a la falta de gestión, lo que nos obligó a salir a manifestarnos para seguir trabajando legalmente”, expresó con indignación.
La dirigente destacó que el problema no comenzó con esta administración, sino que se trata de una práctica recurrente que ningún gobierno resolvió estructuralmente. “Varios gremios emitieron comunicados confirmando que esto no empezó ahora. Solo que nosotros decidimos hacer la denuncia porque esta vez fue descarado”, aseguró.
Subrayó que anteriormente los pagos ilegales oscilaban entre 3 y 5 millones de guaraníes, pero bajo el mando de Soria, el mecanismo incluyó montos más altos, demoras injustificadas y extorsión directa.
