Gremios de comerciantes califican la suspensión de Biggie como “exagerada” e “irracional”
La suspensión temporal de los más de 260 locales de la cadena Biggie Express, ordenada por la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, ha generado fuertes críticas por parte de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). Ambas organizaciones calificaron la medida como «desproporcional», «exagerada» e «irracional», argumentando que afecta la seguridad jurídica y genera perjuicios económicos.
En charla con la radio 1020 AM, Ricardo Dos Santos, presidente de la CNCSP, señaló que cerrar toda la cadena por irregularidades detectadas en solo 12 de sus sucursales “no parece proporcional”.
«La señal no es buena. Vemos a la seguridad jurídica como el principal factor que atenta contra la inversión extranjera y paraguaya», afirmó.
Por otro lado, Dos Santos también criticó el enfoque de Sedeco, acusándolo de actuar con «populismo no alineado con procedimientos habituales en el mundo económico». Comparó la situación con irregularidades en instituciones públicas, como el Instituto de Previsión Social (IPS) o depósitos del Ministerio de Salud, que no han derivado en cierres totales a pesar de problemas similares.
Por su parte, Gustavo Lezcano, titular de Capasu, expresó que las faltas administrativas detectadas en Biggie, como productos vencidos o sin registro sanitario, no justifican el cierre de todos los locales.
«Nos pareció una medida extrema y exagerada. Eso nos preocupa porque nos puede pasar a cualquiera», señaló.
Ante este escenario, Lezcano abogó por sanciones acordes a los errores cometidos y propuso que los entes reguladores trabajen junto a las empresas para corregir irregularidades en lugar de imponer medidas drásticas.
«Los cierres de locales solo traen perjuicios y más problemas», agregó.
Como una posible salida a esta situación, Dos Santos sugirió que Sedeco y Dinavisa dialoguen con los directivos de Biggie para diseñar un plan conjunto que permita levantar las irregularidades sin recurrir a cierres masivos.
«Tomar una medida drástica como cerrar 260 locales suena irracional conociendo el país en que vivimos», sentenció.
