Gobierno cerró Biggie por error: Sedeco admite que “malinterpretó” la resolución

La cadena de minimercados Biggie fue obligada a cerrar temporalmente sus 263 locales tras una intervención de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), que ahora reconoce haber cometido un grave error. La titular de la institución, Sara Irún, admitió públicamente que malinterpretó una resolución de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), que en realidad solo exigía el retiro de ciertos productos regulados, no la clausura de los locales.

El episodio generó un fuerte impacto económico y social, afectando a miles de trabajadores y consumidores. Irún intentó minimizar el hecho, asegurando que el Gobierno “nunca ordenó el cierre” y que la suspensión fue solo sobre la comercialización de productos específicos. Sin embargo, la medida fue ejecutada con fuerza, generando confusión, pérdidas y una ola de críticas por la falta de coordinación entre instituciones.

La metida de pata oficial expone una preocupante improvisación en la gestión pública, donde una mala lectura administrativa derivó en el cierre de una de las cadenas más grandes del país. Mientras Biggie intenta retomar sus operaciones, el caso deja en evidencia cómo una decisión mal fundamentada puede paralizar el comercio y erosionar la confianza ciudadana en las autoridades.