Corte ya fue alertada en 2021 de mafia de pagaré en Juzgado de Roque Alonso

El abogado Franco Benítez, en el año 2021, hizo ante la Superintendencia de la Corte Suprema, 15 denuncias de fraude en juicios por cobro de guaraníes en el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, entonces a cargo del juez Carlos Bogado Cuéllar, que este año y ante el caso de la mafia de pagaré se vio forzado a renunciar para acogerse a la jubilación. Sin embargo, los ministros no tomaron medidas, considerando que el esquema criminal siguió hasta hace poco en dicho juzgado, que ya había sido allanado en 2015, por la estafa masiva a docentes. Benítez había representado a 110 víctimas demandadas por la firma RTO.

“En el año 2021, me tocó la oportunidad de representar a un gran número de personas. Tuvimos que intervenir en alrededor de 110 expedientes, en lo que serían unas irregularidades que se dieron en la sede del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso. Eso derivó en una denuncia a la superintendencia de la Corte en el año 2021”, manifestó el abogado en entrevista con El Observador Radio-TV.

-¿Cómo fueron estos juicios?

“De repente venía alguien, me decía, “tengo este juicio, tengo este descuento en realidad». La población, digamos, con la cual he trabajado en su momento, eran enfermeras, policías, algún que otro docente, pero ese era mayormente el grupo que abordé. Y me decían, “Tengo este descuento, tengo este descuento, tengo este descuento». Y así sucesivamente y nunca recibieron ninguna notificación, nunca absolutamente nada. Entonces, bueno, ya era un lindo grupo de personas en el sentido médico y tuvimos que ir allá hasta el juzgado de Mariano Roque Alonso, en su oportunidad para ver, efectivamente eran juicios ejecutivos, cobro de guaraníes era la carátula y bueno, había un número importante de afectados”.

-Estas demandas eran impulsadas entonces en el juzgado de paz de Mariano Roque Alonso, ¿por qué empresas, ¿alguna empresa en particular o eran varias?

“En particular, recuerdo uno de aquella época, tenía tres siglas RTO, eran las siglas de las carátulas de esos expedientes. Y justamente en el juzgado de paz, porque la estrategia es que la competencia por la cuantía se determina por el monto, a partir de cierto monto o superado cierto monto, por así decirlo, 10 millones. Entonces, en aquella época, se llevaba a cabo en los juzgados de paz. Y en este caso, eran juicios tan chiquititos, por así decirlo, tan, tan pequeños, ínfimos, suma 1.000.000, 500.000, 800.000 y tenían varios pagarés y en vez de hacer todo en uno dividían en micro juicios. Y así es como que multiplicaban los juicios, multiplicaban las intervenciones judiciales, los embargos, generaban más costos, entre otras cosas, entonces así fue que se desarrolló”.

“Y en lo que yo tuve experiencia es que estas personas, siempre era la misma empresa, en cuanto a lo que a mí me tocó, después de escuchar referencia de otros colegas, pero es algo que no tengo confirmado, que también había otras empresas en otros departamentos que realizaban procedimientos similares”.

“Y me encontré con la sorpresa, primeramente, luego de la escasa transparencia en el manejo de los expedientes,

-¿En qué sentido?

“De que me iba, consultaba por los expedientes y no se me otorgaba, aún, teniendo yo todo, el yéndome munido de los instrumentos legales que me otorgaban a mi plena autorización para acceder a los expedientes. Entonces, no me daban los expedientes, volvía con todos los costos que implican, del desplazamiento y con tras insistencia, tras insistencia, ir, ir, ir, ir. No había caso y bueno, después por insistencia me empezaban a mostrar los expedientes y ahí yo empezaba a advertir las sorpresas y las irregularidades en el marco de un expediente civil en relación a actuaciones propias ahora del expediente”.

“Notificaciones, falta de derecho a la defensa, también instrumentos que tenían, digamos, ciertas características fraudulentas, según el parecer de mis representados. Es decir, por ejemplo, me decían que no era su firma entre otras cosas y así y en lo sucesivo”.