Empresa infló el número de funcionarios en pandemia, cobró G. 1200 millones de IPS y ahora hay 67 imputados
La agente fiscal Teresa Sosa imputó formalmente a 67 personas en una causa por la presunta comisión de los delitos de estafa y declaración falsa, tras una denuncia presentada por el Instituto de Previsión Social (IPS). El Ministerio Público informó que el perjuicio patrimonial ocasionado al ente supera los Gs. 1.200 millones.
Según la investigación penal, el esquema se habría desplegado durante el pico de la pandemia de COVID – 19 cuando una persona, según la Fiscalía, constituyó una firma de fantasía mediante la cual se inscribieron trabajadores inexistentes en el sistema previsional. El objetivo habría sido percibir indebidamente indemnizaciones y compensaciones destinadas a empresas afectadas por cierres forzosos y otras medidas sanitarias.
En total habrían participado 84 personas en el mecanismo ilícito; de ese total, 67 quedaron sujetas a imputación penal por la Fiscalía. El resto fue excluido de la imputación tras colaborar con la investigación y devolver las sumas percibidas irregularmente, según informaron fuentes fiscales.
La causa continúa su instrucción con medidas probatorias solicitadas por la Fiscalía, requerimientos de documentación contable, oficios al IPS para verificar legajos y cobros y posibles allanamientos o incautaciones si la investigación lo amerita. La imputación por estafa y declaración falsa puede conllevar sanciones penales y la obligación de reparación civil por los montos defraudados, según la normativa vigente en materia penal y administrativa.
Desde el IPS, organismos de control interna y unidades auditoras se habrían abocado a cruzar datos, identificar beneficiarios reales y detectar las partidas abonadas a empresas o personas vinculadas al esquema. Las autoridades prevén aplicar medidas para evitar la repetición de maniobras similares en futuros programas de asistencia social o compensaciones excepcionales.
