Juicio a Joaquín Roa: Pago a proveedores se entregaba con autorización verbal según testigo

El juicio oral y público contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo empresario Alberto Koube Ayala, continúa en etapa de declaración de testigos, con nuevos detalles que refuerzan la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de un esquema de corrupción estructurada dentro de la institución estatal.

En la jornada de hoy, Dafne Acosta, extesorera de la SEN durante la administración de Roa, brindó un testimonio revelador al señalar que el proceso de retiro de cheques por parte de proveedores se realizaba mediante autorizaciones verbales por parte de las empresas adjudicadas, sin requerimientos documentales formales.

Esta práctica, según señaló Acosta ante el Tribunal de Sentencia, se volvió un procedimiento habitual durante la gestión de Roa, lo que pone en tela de juicio la transparencia en la ejecución de los pagos con fondos públicos, en especial teniendo en cuenta que muchas de las contrataciones involucraban montos millonarios adjudicados a empresas vinculadas a Koube.

El proceso judicial se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Elsa García, e integrado por las magistradas Adriana Planas y Sonia Sánchez. El Ministerio Público acusa a Joaquín Roa por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Por su parte, Alberto Koube enfrenta cargos por asociación criminal, lavado de dinero y lesión de confianza en calidad de cómplice.

La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2021, Joaquín Roa, quien ocupó la titularidad de la SEN desde 2013, adjudicó licitaciones por más de G. 16.000 millones a su amigo personal Alberto Koube. Estas contrataciones, en su mayoría por servicios de alquiler de camiones y provisión de chapas, habrían tenido como fin último el desvío de fondos públicos para fines particulares, utilizando a Koube como intermediario y principal beneficiado.

Las empresas directamente involucradas en el esquema serían Grupo Tapyracuai S.A., JPA Logística, Noemacol, Sofimac, entre otras firmas relacionadas a Koube o personas de su entorno, como Joaquín Núñez y Katerine Ayala. Según la acusación, la finalidad de este entramado era conformar una «sociedad criminal» entre Roa y Koube, para el desvío sistemático de recursos del Estado paraguayo.

El testimonio de Dafne Acosta pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos administrativos vulnerables que fueron aprovechados por los acusados. La práctica de autorizar retiros de cheques a través de simples instrucciones verbales, sin respaldo escrito ni protocolos claros, abre la puerta a posibles maniobras de desvío y apropiación indebida de fondos públicos.

Este tipo de declaraciones refuerzan la línea argumental del Ministerio Público, que asegura contar con “sobrados elementos probatorios” para demostrar la responsabilidad penal de los acusados, en uno de los casos de corrupción pública más graves de los últimos años en Paraguay.

El juicio oral continúa en los próximos días con más declaraciones testimoniales y el análisis de las pruebas documentales, contables y financieras recolectadas en el extenso proceso de investigación.