Guardiacárceles anuncian crucifixión en protesta laboral
Agentes penitenciarios mantienen desde hace once días una huelga de hambre frente al Ministerio de Justicia. La medida responde al incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades en materia salarial y condiciones laborales.
La protesta se desarrolla en una carpa instalada sobre la vereda del edificio ministerial. Los manifestantes, todos funcionarios nombrados, exigen la equiparación de salarios y el cumplimiento de un aumento acordado de G. 1.500.000. Según denuncian, el ministerio solo presupuestó G. 900.000 por trabajador.
El reclamo también incluye mejoras urgentes en el seguro médico, que califican como deficiente. De acuerdo con los huelguistas, el seguro privado designa a los funcionarios como “pacientes crónicos”, dejándolos sin cobertura efectiva y obligándolos a depender del sistema público de salud.
Los trabajadores penitenciarios argumentan que el Estado sigue pagando por una cobertura médica que no funciona. Califican esta situación como una forma de derroche de recursos, mientras ellos enfrentan riesgos laborales sin respaldo sanitario.
Otro punto central del conflicto es la situación de miles de compañeros precarizados. Estos agentes cobran por debajo del salario mínimo y no acceden a bonificaciones por domingos, feriados o tareas peligrosas, a pesar de su exposición constante en centros penitenciarios.
La tensión aumentó tras el anuncio de medidas más extremas. Dos de los huelguistas confirmaron que procederán a crucificarse frente al Ministerio desde el lunes próximo si no reciben una respuesta concreta de las autoridades.
Los representantes sindicales indicaron que intentaron disuadir a sus compañeros, sin éxito. Señalan que la decisión de someterse a la crucifixión fue tomada de forma autónoma ante la falta de diálogo por parte del Gobierno.
Los manifestantes solicitan que el Ministro de Justicia gestione con el Ministerio de Economía el envío de una adenda al Presupuesto General de la Nación. Consideran que esta acción es necesaria para cumplir con lo prometido y garantizar el respeto a los derechos laborales.
El sector penitenciario advierte que no se trata de una exigencia de aumento salarial, sino de la regularización de trabajadores conforme a la Constitución y la legislación vigente. La huelga y las medidas extremas se mantendrán hasta que se dé una respuesta formal y documentada.
