Defensa de Santiago Peña pide rapidez a Contraloría en examen patrimonial
La defensa del presidente Santiago Peña, encabezada por el abogado Ricardo Preda, presiona a la Contraloría General de la República (CGR) para que acelere el análisis de correspondencia de sus declaraciones juradas, solicitado el 17 de octubre. El pedido se da en medio de acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias, impulsadas por legisladores opositores y figuras del ámbito judicial.
Preda insistió en que el proceso fue “una iniciativa voluntaria del presidente para responder a través de las instituciones correspondientes a las denuncias e insinuaciones de ciertos sectores”, y agregó que “esperamos que eso culmine lo antes posible para presentar a la opinión pública una información veraz y que corresponde con las que emite las instituciones competentes”.
Las denuncias contra Peña se originaron en relatos divulgados por el grupo Abc Color, basados en conjeturas extraídas del entorno familiar del mandatario por una exempleada desvinculada por “pérdida de confianza”. La ofensiva judicial fue liderada por legisladores como Johanna Ortega, Raúl Benítez, Leidy Galeano y Rafael Filizzola, con el patrocinio de Kattya González y Pedro Santa Cruz, entre otros.
“La forma de responder esto es institucionalmente”, sostuvo Preda, quien también justificó el patrimonio presidencial alegando que “los ingresos de Peña no es solo su salario. El presidente antes de ingresar a la función, ya tenía inversiones financieras que le reditúan ingresos para ciertos gastos”, destacando que “el gasto más importante y relevante que tiene Peña es que su hija se encuentra estudiando en el exterior”.
