Reclusos ya visten uniforme obligatorio en Minga Guazú y Emboscada
En una entrevista exclusiva con PDS Radio, la directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Dra. Rosalía González, explicó el alcance y los objetivos de la implementación del uso obligatorio de uniformes en los nuevos centros penitenciarios. La medida, que ya está en marcha en los penales de Minga Guazú y Martín Mendoza (Emboscada), forma parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria impulsado por el Gobierno.
Según detalló González, el proyecto es resultado de una cooperación internacional con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que proveyó los uniformes a los centros mencionados. Cada kit incluye 12 prendas y dos tipos de calzado y ya han sido distribuidos a unas 180 personas privadas de libertad. Sin embargo, el plan contempla la provisión de uniformes para la capacidad total de ambos centros, que en conjunto supera los 2.400 internos.
“Esta implementación no solo responde a razones de seguridad y control, sino también a principios de igualdad y dignidad humana”, afirmó la directora.
Los uniformes, que son amarillos para internos de módulos convencionales y rojos para quienes se encuentran en régimen cerrado o de máxima seguridad, permiten una identificación rápida dentro y fuera del penal, reduciendo riesgos de fuga y facilitando la organización institucional. Además, promueven la neutralidad al eliminar diferencias socioeconómicas visibles entre los reclusos.
La medida, lejos de estigmatizar, busca dignificar. González aclaró que el uso del uniforme “impide que se utilice la vestimenta como medio para marcar afiliaciones ideológicas o pertenencias a pandillas” y subrayó que incluso la recepción de los reclusos fue positiva. “Muchos oraron en agradecimiento tras recibir su uniforme”, relató.
Además, se prevé que los nuevos ingresos a estos centros entreguen sus pertenencias personales en casilleros bajo llave en áreas de admisión especialmente diseñadas. La infraestructura moderna y el orden en el proceso buscan garantizar un ambiente propicio para la reinserción. Respecto a las condiciones climáticas, González informó que los kits incluyen ropa térmica para el invierno y que el reglamento permite el uso de prendas personales (como camisetas blancas) debajo del uniforme en días de frío.
La funcionaria también destacó que estos centros responden a un plan de modernización que incluye infraestructura de última generación y personal penitenciario capacitado. En ese sentido, anunció que actualmente se encuentran abiertas las convocatorias para nuevos agentes penitenciarios, a quienes calificó como “agentes de cambio” por su formación especializada.
El uso de uniformes está estipulado desde hace diez años en el Código de Ejecución Penal, pero no había sido implementado hasta ahora por diversas limitaciones presupuestarias. “No somos el único país en la región con estas dificultades”, señaló González, quien enfatizó que este avance es parte de un proceso gradual de cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, la directora explicó que los nuevos penales están destinados exclusivamente a personas condenadas, con el objetivo de garantizar una verdadera rehabilitación. “El principio de inocencia se respeta. Por eso, quienes están procesados seguirán en los centros actuales hasta que tengan condena firme”, explicó.
El uso obligatorio de uniformes en las cárceles es así presentado no como un castigo, sino como una herramienta integral para el orden, la seguridad, la equidad y la posibilidad real de una reinserción social efectiva.
