Muerte de Lalo Gomes: «A un año, existen más dudas que esclarecimiento en esta causa»

A casi un año del procedimiento en el que fue asesinado el entonces diputado Eulalio «Lalo» Gomes», el abogado Óscar Tuma, representante de la familia Gomes, refirió que persisten las dudas sobre la muerte del ex legislador y aseveró que fue una «quema de archivo».

«Al diputado se lo asesinó, no sé si a través de una conducta dolosa o culposa, eso ya no vamos a poder saber porque el Ministerio Público no se encargó de investigar», aseguró en charla con la radio 780 AM, haciendo referencia a la desestimación de la denuncia contra los policías que participaron del fatídico allanamiento el 19 de agosto del año pasado.

En torno al proceso que todavía soporta Alexandre Rodrigues, hijo de «Lalo», Tuma señaló que la acusación debe presentarse esta semana, pero que tampoco existen mayores elementos. En torno al lavado de activos, sostuvo que la pericia que realizaron arrojó que los movimientos financieros fueron regulares.

Además, reiteró sus críticas al procedimiento que encabezó la Fiscalía en horas de la madrugada, que terminó con el asesinato de Gomes. Expresó que no había necesidad de realizar un allanamiento de esa manera, teniendo en cuenta que Gomes vivía solo con su esposa.

«Había más de 30 agentes de la fuerza pública y solamente 2 ingresaron a la habitación del diputado, y nadie vio lo que pasó. ¿Y dónde estaban los otros 28? ¿Estaban mirando las estrellas?», cuestionó.

Agregó que existen muchas contradicciones y que «lastimosamente» la Fiscalía se encargó de «enterrar» y que no se sepa qué ocurrió exactamente ese día.

Gomes Batista fue investigado junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, puesto que estaría vinculado con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, conforme a informaciones compartidas por las autoridades de la República Federativa de Brasil, obtenidas durante la investigación denominada CASO PAVO REAL-BR.

Concretamente, tendría vinculación con transacciones de compra-venta de bienes inmuebles existentes en territorio paraguayo. Estas propiedades formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridas de manera irregular por padre e hijo.