Orden de captura para funcionario de Luque por violencia

El Ministerio Público emitió una orden de captura contra Carlos Ramón Servín Rocholl, funcionario de la Municipalidad de Luque, tras la denuncia por violencia familiar presentada por su expareja. El caso ganó notoriedad pública después de la viralización de un video que muestra la agresión en una mueblería.

Las imágenes del circuito cerrado revelan cómo Servín Rocholl propina varios golpes de puño a la mujer en el interior del local comercial. La agresión escaló hasta derribar a la víctima, quien requirió asistencia de los clientes presentes para ponerse de pie.

El funcionario reaccionó de forma violenta contra quienes intentaron intervenir para detener la golpiza. Los testigos presentes documentaron la secuencia completa de la agresión, que posteriormente se difundió en redes sociales generando repudio ciudadano.

El fiscal Augusto Ledesma confirmó que las diligencias procesales fueron realizadas el mismo día de ingresada la denuncia. La orden de captura ya fue librada y corresponde a la Policía Nacional ejecutar la detención del sospechoso en las próximas horas.

Sin embargo, familiares de la víctima denuncian presuntas dilaciones en el proceso judicial. Según versiones extraoficiales, el entorno político de Servín Rocholl estaría ejerciendo presión para frenar o demorar la imputación formal del funcionario municipal.

El padre del agresor es Justo Ramón Servín Sandoval, ex funcionario de la DINAC y actual concejal de Luque con una dieta mensual de G. 19 millones. El edil asumió como suplente tras la condena por enriquecimiento ilícito de Rubén González Chaves, hijo del expresidente del Congreso Óscar González Daher.

Carlos Ramón percibe un salario de G. 3.152.667 como funcionario de la Policía Municipal de Tránsito. Sin embargo, en su declaración jurada de marzo 2025 figura como auxiliar administrativo de la Junta Municipal con remuneración de G. 1.550.447. Su designación forma parte de una red de nepotismo familiar que ubica a varios parientes en cargos públicos de la comuna luqueña.

El funcionario tiene antecedentes de planillerismo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde cobraba G. 9.800.000 mensuales sin título universitario. Su renuncia forzosa del JEM lo llevó posteriormente a la municipalidad de manos del intendente Miguel Echeverría.

El Ministerio Público deberá proceder con la imputación formal una vez concretada la detención y la declaración indagatoria correspondiente.

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