Escribanías son allanadas por transferencia irregular de inmuebles de Lalo Gomes

Varios allanamientos simultáneos fueron realizados este jueves en busca de documentos relacionados con supuestas compraventas y transferencias irregulares a terceros de inmuebles de la familia de Eulalio Lalo Gomes, que poseen restricciones judiciales en el marco de una causa.

El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, afirmó a NPY que escribanías fueron allanadas a tempranas horas de este jueves en diferentes puntos del país.

Mencionó que se encontraban desarrollando procedimientos en el marco del caso Lalo Gomes en el interior del país, puntualmente, en Itapúa y San Pedro; como así también en el Departamento Central, en ciudades de Areguá, Fernando de la Mora y San Lorenzo.

El jefe policial resaltó que se trata de oficinas “donde se produjeron, a través de documentos falsos, la transferencia de inmuebles, específicamente con medidas cautelares, y bajo la tutela judicial”.

“Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo: buscar los elementos, los documentos, los protocolos, los poderes que fueron presentados por los respectivos titulares en su momento de los inmuebles que fueron objeto de transferencia y puestos a nombre de terceras personas, que eventualmente se hicieron con el objetivo de esconder esos inmuebles que van a ser objeto de comiso del Estado”, dijo López al canal.

Incluso sostuvo que se habría manipulado el sistema informático de la Dirección General de los Registros Públicos para posibilitar estas acciones.

En este sentido, los intervinientes apuntan a obtener todos los documentos a fin de establecer quiénes fueron las personas que quedaron como propietarias.

El abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del diputado asesinado Eulalio Lalo Gomes, y el hijo del parlamentario extinto Alexandre Rodrigues Gomes (recluido en la cárcel de Itapúa), y la funcionaria de Registros Públicos Alcira Rodríguez habían sido imputados a fines de julio pasado por esta situación.

Los agentes fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez realizaron la imputación por supuestamente alterar los datos en Registros Públicos, con el fin de permitir la venta de bienes del encausado en el caso Pavo Real II.

La imputación fue admitida posteriormente por la jueza especializada en Crimen Organizado, Tercer Turno, Rosarito Montanía.