Voto electrónico, negocio de amigos: Peña bajo sospecha por alquiler millonario
El proceso para el alquiler de 28.000 máquinas de votación por USD 30 millones para las elecciones municipales de 2026 está envuelto en polémica. El consorcio Comitia-MSA, descalificado en la licitación anterior, reaparece como favorito en el nuevo esquema de arrendamiento, con vínculos directos al entorno empresarial y jurídico del presidente Santiago Peña.
Entre los representantes del consorcio figuran Pablo Debuchy y Franco Boccia, abogados del estudio jurídico de Eduardo Gross Brown, director suplente de Ueno Bank, firma ligada al Grupo Vázquez y al propio Peña hasta marzo pasado. Boccia, además, es hijo del presidente de Ueno Seguros y hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla, quien votó a favor del arrendamiento junto a cartistas y disidentes.
La decisión del TSJE de cancelar la compra y optar por el alquiler fue impulsada por una declaración aprobada sobre tablas en el Senado, con fuerte presión política. Legisladores como Yolanda Paredes y Rafael Filizzola denunciaron el pacto transversal que favorece a empresas con historial de irregularidades.
