IPS no descarta complicidad de funcionarios en perjuicio de G. 1.200 millones a la previsional
La Fiscalía abrió una investigación e imputó a un total de 67 personas, luego de descubrir que una firma infló el número de sus empleados en pandemia y cobró un total de G. 1200 millones. Al respecto, la gerente de Prestaciones Económicas, Vanessa Cubas, no descartó la complicidad de funcionarios dentro de la institución.
«Esta patronal pagó del 2020 al 2022 unos G. 110 millones al IPS en concepto de aporte obrero-patronal, y percibió más de G. 1200 millones en beneficio de prestaciones económicas. Esto es un fraude enorme», manifestó Cubas, en charla con la radio 1020 AM.
«Entre estas personas estaban, por ejemplo, la esposa del empleador, los hermanos, la hermana, compañera de colegio, de facultad, un chipero… Es decir, muchas personas que realmente nunca fueron trabajadoras de esta patronal y que se inscribieron al solo efecto de acceder fraudulentamente a esta cantidad de dinero», añadió.
La empresa habría estafado al Instituto de Previsión Social (IPS) por más de G. 1200 millones, según la Fiscalía. La empresa inscribió a personas como empleados durante la pandemia de Covid-19 y luego, en un corto plazo, realizó el cese de los mismos para acceder a la compensación por cesación laboral, según la Fiscalía.
Investigan “prácticas fraudulentas” con trabajadores embarazadas
Por otra parte, la gerente de Prestaciones Económicas reveló la existencia de un presunto esquema en perjuicio de la previsional, con respecto a las trabajadoras que atraviesan por un periodo de maternidad.
«También estamos haciendo inteligencia de datos sobre el pago de subsidio por maternidad, que es el que lleva el 50% del presupuesto que tenemos al año. Pusimos la lupa ahí y encontramos conductas muy sospechosas de empleadoras que inscriben a sus trabajadoras únicamente en el periodo en que están embarazadas, perciben el subsidio por maternidad y luego le dan de baja del seguro», informó.
Ante este escenario, apuntó que se reunirá con el director jurídico y la auditora de la institución, con el fin de exponer los datos citados.
