“Mafia de los pagarés”: revelan irregularidades sistemáticas en juzgados de Paz
La fiscal Belinda Bobadilla, integrante del equipo que investiga el caso conocido como “Mafia de los Pagarés”, confirmó que el Ministerio Público abrió nuevas causas penales contra tres jueces de Paz, tras la aparición de nuevas denuncias que no pudieron ser incorporadas a las causas ya acusadas. La decisión fue adoptada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien asignó las investigaciones a los fiscales Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Soledad Machuca.
Las nuevas causas se dirigieron contra la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro; la jueza de Paz de La Catedral 2° Turno, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino; y el exjuez de Paz de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta. Las dos magistradas se encuentran actualmente suspendidas por la Corte Suprema de Justicia, mientras que Rodríguez Acosta ya no ejerce funciones.
Bobadilla explicó que las nuevas denuncias surgieron de víctimas que no fueron notificadas en procesos judiciales y que descubrieron embargos o juicios ejecutivos en su contra sin haber sido informadas. “En uno de los juzgados hay casi 200 denuncias de particulares”, afirmó en charla con la radio 1080 AM. La fiscal señaló que, debido al estado avanzado de las causas principales, estas nuevas porciones fácticas ameritaron la apertura de investigaciones independientes.
La representante del Ministerio Público reveló que el volumen de expedientes analizados superó los 10.000. Según Bobadilla, se detectaron patrones de conducta que evidenciaron una estructura sistemática de manipulación procesal. “El sorteo mismo era simulado para puro formalismo supuestamente”, sostuvo. La fiscal explicó que los sorteos de causas se realizaban de manera ficticia, con el objetivo de direccionar los expedientes hacia determinados juzgados.
Bobadilla mencionó que algunos jueces interinos colaboraron con la investigación. “Tuvimos algunos casos donde jueces interinos hallaron expedientes y remitieron al Ministerio Público”, señaló. Estos hallazgos permitieron ampliar la base probatoria y confirmar que las irregularidades no se limitaban a casos aislados, sino que respondían a un esquema organizado.
La Fiscalía sostuvo que los magistrados “dictaron resoluciones judiciales a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho”, y que lo hicieron con pleno conocimiento de que los datos en los cuales basaron sus fallos eran falsos. Bobadilla explicó que los funcionarios judiciales involucrados recibían instrucciones para acelerar los trámites. “Les decían que tenían que hacer lo más rápido los informes de notificaciones”, afirmó.
Las resoluciones judiciales se emitieron en base a informes falsos de diligenciamiento, lo que permitió avanzar en juicios sin que los demandados tuvieran conocimiento ni oportunidad de defensa. La Fiscalía calificó los hechos como prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos falsos, en calidad de autores, instigadores y cómplices, según el rol de cada involucrado.
