Alarma por sobrepoblación carcelaria y alto número de procesados sin condena
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó su informe estadístico de agosto de 2025, en el que alerta sobre la persistente crisis penitenciaria que enfrenta Paraguay. El documento expone que la sobrepoblación carcelaria y la elevada cantidad de personas privadas de libertad sin condena siguen siendo los principales problemas estructurales del sistema penitenciario nacional.
Según el informe, la población total de reclusos asciende a casi 19.500 personas, pese a que la capacidad real del sistema penitenciario es de solo 4.310 plazas. Esto implica una sobrepoblación superior al 430%, con instituciones que superan hasta el 800% de su capacidad operativa, como el penal de Tacumbú.
El dato más alarmante del reporte es que el 61,6% de los hombres privados de libertad se encuentra en calidad de procesados, sin sentencia firme, lo que equivale a 11.319 personas. En el caso de las mujeres, el 47% está en situación procesal, mientras que el 53% ya cuenta con condena.
La situación se agrava en los centros educativos para adolescentes en conflicto con la ley. Allí, el 74% de los jóvenes recluidos son procesados preventivamente y solo el 26% cumple una sanción definitiva. Para el MNP, esto refleja una aplicación excesiva de la prisión preventiva y una deficiencia estructural en la administración de justicia.
El informe también advierte que el hacinamiento está directamente relacionado con el aumento de enfermedades dentro de las cárceles. Solo en 2025 se registraron 771 casos de tuberculosis, un incremento del 448% respecto al año base 2014. Además, los diagnósticos de VIH/Sida alcanzaron 131 casos, lo que representa un aumento del 174% en el mismo período.
Entre la población considerada en situación de vulnerabilidad, el MNP identificó a 622 personas extranjeras, 265 indígenas, 487 adultos mayores y 9 mujeres embarazadas. También se reporta la presencia de 20 niños que viven con sus madres en el penal Serafina Dávalos, recientemente destinado exclusivamente a mujeres con hijos pequeños.
La institución subraya que los niveles de hacinamiento y la falta de acceso a la atención médica ponen en riesgo los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Además, insta a las autoridades judiciales y penitenciarias a revisar el uso de la prisión preventiva como medida cautelar.
El MNP concluye que la situación actual requiere acciones urgentes de reforma estructural, inversión en infraestructura y una política penal orientada a la reinserción social, con prioridad en la reducción del hacinamiento y la garantía de un debido proceso judicial.
