Mafia de los pagarés: libertad ambulatoria para oficial de justicia y abogado de empresa CARSA

El juez Humberto Otazú otorgó libertad ambulatoria al oficial de justicia Oscar Fernando Rivela Gregor y al abogado representante de la empresa CARSA, César Rubén Bogarin Alen. Ambos se encuentran procesados por preusntamente formar parte del esquema de la mafia de los pagarés.

Mediante el A.I. N° 283 el magistrado calificó provisionalmente la conducta de César Rubén Bogarín Alen como presunta instigación al delito de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. El Ministerio Público, representado por los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, presentó la imputación en septiembre, atribuyendo al procesado la participación en la manipulación de cédulas de notificación judicial y la utilización de informes falsos emitidos en tiempo irreal.

Durante la audiencia, el juzgado resolvió no dictar prisión preventiva, considerando que el imputado compareció voluntariamente y no registra antecedentes penales. En su lugar, se impusieron medidas alternativas a la prisión, entre ellas la residencia obligatoria en el domicilio denunciado, prohibición de cambiar de número telefónico, presentación mensual ante el juzgado, prohibición de salir del país y la presentación de fianza real o personal en el plazo de 20 días hábiles.

El juez Otazú advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría derivar en la revocación de los beneficios y la imposición de prisión preventiva.

Por su parte, Óscar Fernando Rivela Gregor está imputado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Según el Ministerio Público, Rivela habría participado en la preparación de acciones ejecutivas con apariencia de legalidad, pero que en realidad carecían de sustento legal, configurando presuntos actos de falsificación y simulación. Igual que con Bogarín Alen, el juez rechazó la prisión preventiva atendiendo la comparecencia voluntaria del imputado y la ausencia de antecedentes judiciales.

Sin embargo, dispuso estrictas medidas alternativas, como residencia en el domicilio declarado, presentación mensual ante el juzgado, la prohibición de salir del país y la presentación de una fianza real equivalente a Gs. 200.000.000, con tasación e informe de dominio. La audiencia quedó fijada para el 15 de octubre a las 12:00 horas, conforme a lo dispuesto en el art. 246 del Código Procesal Penal.

La causa, caratulada “Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino y otros s/ Prevaricato y otros”, se encuentra en etapa de investigación y busca determinar presuntas conductas irregulares dentro del sistema judicial civil, donde supuestamente se habrían manipulado cédulas, notificaciones y resoluciones judiciales, con el objetivo de beneficiar a determinadas partes en litigios, en el marco de la causa conocida como “mafia de los pagarés”, en la que se encuentran procesados, jueces de paz, abogados y ujieres.

El Ministerio Público sostiene que los actos investigados constituyen una grave afectación a la transparencia del Poder Judicial y al principio de legalidad que rige la función pública. Tanto Bogarín Alen como Rivela Gregor deberán cumplir estrictamente las condiciones impuestas y garantizar su sometimiento al proceso, bajo apercibimiento de revocación y encarcelamiento inmediato.