Apuesta por la seguridad: Policía tendrá USD 50 millones más en 2026
El ministro del Interior, Enrique Riera, destacó el fortalecimiento presupuestario y operativo para la Policía Nacional que permitirá reforzar plazas, equipo y controles internos en los próximos años.
“Tenemos USD 42 millones más para el ejercicio fiscal 2026”, afirmó Riera, y añadió que además existe un complemento por un acuerdo con el Parque Tecnológico ITAIPU–Paraguay (PTI-PY) por USD 90 millones, ejecutables hasta mayo. Con esas partidas, explicó, la Policía pasará a contar con más de USD 470 millones en su presupuesto.
Riera detalló que el ingreso de 5.000 policías por año representa un costo adicional de unos USD 10 millones anuales por salarios y beneficios, y que el objetivo es invertir en infraestructura, alimentación, uniformes y capacitación.
“El ideal sería contar con USD 100 millones más para que esos policías entren con todo lo que necesitan”, sostuvo.
El ministro planteó una expectativa ambiciosa, con una inyección sostenida se podría avanzar hacia 50.000 policías operando en tres turnos, objetivo para el que proyectó asignaciones de USD 50 millones en 2027 y otros USD 50 millones en 2028.
Control interno: polígrafo y depuración
En otro momento, Riera puso especial énfasis en el control interno. Dijo que en los últimos días finalizaron las pruebas de integridad (polígrafo) a más de 100 comisarios, y reconoció que algunos no pasaron.
“Es un procedimiento riguroso y reservado; de la lista que entregué al comandante, él debe elegir 18 lugares, pero hubo muchos más que pasaron”, explicó.
El ministro aseguró que en dos años nadie con responsabilidad en la Policía quedará sin someterse al polígrafo, en un proceso de depuración planeado a cuatro años.
Tobilleras
Sobre la implementación de las tobilleras electrónicas, tema pendiente desde hace casi ocho años, Riera admitió demoras vinculadas a la multiplicidad de instituciones responsables (Defensoría, Fiscalía, Corte, Ministerio de Justicia, Policía y otros), además de la falta de decisiones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Relató que, con fondos del ministro Fernández Valdovinos, se contrató el servicio por USD 3 millones —no la compra de dispositivos— y que el sistema contempla hasta 1.000 tobilleras. “No compramos el dispositivo; contratamos el servicio, porque la tecnología cambia”, dijo.
Explicó además que se conformó un comité técnico (OMDEC) y que la decisión final de aplicarlas corresponde a los jueces, por lo que el avance dependía de la voluntad judicial. Para acelerar el proceso, el ministerio trabajó con la Corte y logró identificar 1.420 posibles beneficiarios según riesgo y delito.
Riera defendió el uso de tobilleras para delitos de menor impacto y como alternativa a la cárcel. “Hay 20.000 personas en el sistema penitenciario; 13.000 están sin condena y la mayoría son por delitos bagateros”. Aclaró que cuando el usuario puede pagar, lo hará; y cuando no, el Estado cubrirá el costo para evitar discriminación.
Para ilustrar la utilidad del mecanismo, recordó el caso del mediático Montanaro: la tobillera dejó de reportar y alertó a la Policía, que encontró al hombre fallecido en su departamento. “Hasta en eso sirve”, afirmó.
