Fiscalía accederá a datos de la CPU y del celular del fiscal Elizaur, imputado por presunta coima

El juez especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, autorizó la extracción y análisis de datos de la CPU y de los teléfonos celulares pertenecientes al fiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur, y a su asistente fiscal, Liliana Florenciano, ambos imputados por presuntamente solicitar una coima a cambio de beneficiar a un procesado en una causa penal.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público como parte de los actos investigativos en el proceso abierto contra el agente fiscal, actualmente suspendido de sus funciones, y su asistente. El objetivo es corroborar los indicios existentes y reunir evidencia digital que confirme la hipótesis fiscal basada en una entrega vigilada de dinero.

El fiscal Bernardo Elizaur, de la Unidad Penal de Emboscada, fue imputado por cohecho pasivo agravado, tras ser denunciado por supuestamente solicitar 10 millones de guaraníes para favorecer a un imputado por lesión grave. La causa está a cargo de la fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimi Adle.

De acuerdo con la investigación, el presunto pedido de dinero se habría realizado a través de mensajes de texto enviados por su asistente, Lilian Andrea Florenciano, a la abogada defensora del imputado. Según la denuncia, la propuesta consistía en no presentar la acusación formal y facilitar una salida procesal favorable a cambio del pago del soborno.

Al no concretarse el desembolso, el fiscal habría presentado la acusación, pero posteriormente formuló un nuevo pedido de dinero, por un monto menor, con la promesa de allanarse a una suspensión condicional del procedimiento. Este segundo intento motivó la intervención de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Ante la denuncia, la fiscal Yeimi Adle dispuso la realización de una entrega vigilada de dinero en la sede fiscal de Emboscada. Los billetes fueron fotocopiados y monitoreados por el Ministerio Público como parte del operativo.

Tras la transacción, se llevó a cabo un allanamiento en la oficina del fiscal, donde fueron incautados teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo. La sede fue posteriormente clausurada como parte de las diligencias de investigación.

Con base en los elementos recabados, la fiscal Adle formuló imputación contra ambos funcionarios: Bernardo Javier Elizaur fue imputado como autor del hecho punible de cohecho pasivo agravado y Lilian Florenciano fue imputada como cómplice del mismo delito.