Tribunal exige explicaciones por traslado de “Tío Rico” sin autorización judicial

Tribunal exige explicaciones por traslado de “Tío Rico” sin autorización judicial

La jueza María Luz Martínez, presidenta del Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juicio oral contra Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, criticó duramente el traslado del procesado desde la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, en Alto Paraná, hasta la Penitenciaría Regional de Emboscada, en el Departamento de Cordillera.

La magistrada aseguró que el juzgado no fue informado ni consultado sobre la medida, a pesar de que el imputado se encuentra bajo proceso judicial activo. “No hemos sido avisados sobre el traslado del señor Insfrán, para nada”, afirmó en charla con la radio 1080 AM.

“Me enteré a través de un compañero del Tribunal que me envía una notificación. Mi actuario tampoco sabía nada”, señaló. Martínez recordó que el recluso fue trasladado en una ocasión anterior al centro de salud de Ciudad del Este para recibir una transfusión de sangre, pero luego regresó al penal. “

Sin embargo, aclaró que en ningún momento se autorizó su traslado a otro centro de reclusión. “Siempre es atendido en lo que se puede, pero no tuvo permiso para ser trasladado a otra reclusión”, sostuvo.

La jueza expresó su descontento por la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales. “Mi juzgado tiene prerrogativas. Hemos solicitado un informe para saber cuál es el motivo del traslado. El director penitenciario y el Ministerio de Justicia deben dar las respuestas”, advirtió.

Aclaró que el propio Insfrán no solicitó formalmente el traslado. “El señor Insfrán no había solicitado un traslado como tal, había dicho que no merecía estar en un penal de máxima seguridad”, relató.

El Ministerio de Justicia justificó ayer el traslado en un comunicado oficial, alegando razones de “seguridad institucional y de gestión penitenciaria, dentro del marco de las políticas de prevención y control aplicadas en los establecimientos de reclusión”. Sin embargo, la jueza Martínez insistió en que cualquier decisión que afecte la situación procesal de un imputado debe ser comunicada y autorizada por el tribunal competente.

El caso de Miguel Ángel Insfrán forma parte de una causa emblemática por narcotráfico y lavado de dinero, en la que también están involucrados otros presuntos miembros de una estructura criminal.

Fabrizio Benzo

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