Pavo Real II: Inicia preliminar, pero la postergan por cambio de abogado hijo de Lalo
El juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, dio inicio a la preliminar del caso Pavo Real II, pero luego la postergó por el cambio de abogado del acusado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Lalo Gomes, que proseguirá finalmente el jueves, a las 08:00 horas.
Al inicio de la audiencia preliminar, el juez Legal le consultó a Alexandre Rodrigues Gomes, si quién era su abogado, a lo que respondió que tanto Óscar Tuma como la abogada Alba González, ya no eran sus defensores, sino que ahora designaba a Amanda Silva.
Con ello, la nueva profesional solicitó al magistrado 24 horas para interiorizarse de los pormenores del caso. Ante esto, el juez Legal resolvió que iban a dar inicio a la preliminar, pero que seguiría el próximo jueves 6 de noviembre, a las 8.00, con lo que tenía 48 horas para preparar la defensa.
En la audiencia, también estuvo el fiscal Andrés Arriola, a más de los coprocesados Luis María Zubizarreta y John Gerald Mathias Gaona, para quienes hay un pedido de sobreseimiento definitivo.
En el caso, Alexandre Rodrigues Gomes fue el único acusado el pasado 19 de agosto por los supuestos delitos de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, tenencia sin autorización de drogas, asociación criminal y comercialización de drogas.
En la causa, el 19 de agosto del 2024, cuando se realizó el allanamiento en la casa del diputado Eulalio Lalo Gomes, el mismo fue abatido a tiros. Horas después de que falleció fue imputado por los agentes fiscales.
Según la acusación, mediante las informaciones compartidas por el Brasil, Alexandre Rodrigues Gomes estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
Ayer, el Tribunal de Apelación Especializado confirmó la resolución del juez de Crimen Organizado Osmar Legal que dispuso el cambio de lugar de reclusión de Alexandre Rodrigues Gomes, tras darse a conocer algunos mensajes, donde se hablaba del fallecido fiscal Marcelo Pecci.
El fallo refiere que tanto el órgano administrativo, a través del Ministerio de Justicia, como el judicial tienen las atribuciones de decidir el lugar de reclusión de los internos y, en el caso particular, el juzgado fundamentó de manera correcta los motivos por los cuales ordenó el traslado del interno.
