Víctimas acusan a ministros de obstrucción en caso “Mafia de los pagarés”
La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés anunció que ya no reconoce la legitimidad del Poder Judicial. Su vocero, Pedro Coronel, afirmó que la Corte Suprema de Justicia estaría sometida y que los embargos considerados irregulares continúan sin resolverse. En este contexto, las víctimas comunicaron que ampliarán el pedido de juicio político para los ministros de la máxima instancia judicial, incorporando la causal de obstrucción a la justicia.
Coronel expresó que el grupo decidió retirarse de los litigios vinculados al caso por considerar que los juzgados de paz no garantizan imparcialidad. Mencionó que, según su evaluación, las actuaciones judiciales derivan sistemáticamente en fallos adversos para los afectados. Señaló que, de acuerdo con la postura de la Coordinadora, esta situación reflejaría un control indebido sobre los procesos relativos a la mafia de los pagarés. Indicó que la decisión fue comunicada en paralelo a las gestiones programadas con integrantes de la Cámara de Diputados.
El vocero detalló que la figura penal de obstrucción a la justicia será incorporada en la ampliación del pedido de juicio político. Según su exposición, consideran que las explicaciones y medidas adoptadas por los ministros de la Corte no lograron abordar la problemática y que no se impulsaron acciones que permitan una resolución efectiva. Las víctimas solicitarán además al Parlamento la elaboración de una ley orientada a establecer mecanismos de justicia y equidad para los afectados por este esquema.
Coronel señaló que el alejamiento de los litigios responde a la percepción de que la resolución de los casos seguiría siendo desfavorable aun con la participación de las víctimas en los juicios. Indicó que la solicitud de juicio político se suma a la propuesta de conformar tribunales especiales, con una o dos salas, incluyendo instancias penal y civil. El objetivo sería permitir la investigación y el juzgamiento de los responsables, así como disponer la suspensión de embargos y la recuperación de los montos reclamados por los ciudadanos.
El vocero sostuvo que la Coordinadora decidió cortar la comunicación con los miembros del Poder Judicial al considerar que las reuniones previas no generaron respuestas. Afirmó que los afectados no prevén reanudar el diálogo mientras persista la situación descrita. Según explicó, la suspensión de contactos se fundamenta en la falta de soluciones concretas para los reclamos vinculados a los pagarés.
Finalmente, la Coordinadora informó que mantiene programada una reunión con el diputado Hugo Meza y representantes del PLRA para avanzar en la presentación de la ampliación y evaluar alternativas legislativas. La organización sostiene que la vía parlamentaria se convierte en la principal herramienta para impulsar cambios y exigir acciones que permitan revisar las causas y el impacto de los embargos en los afectados.
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