Abogado de Marset llegó al país para asistir legalmente a Gianina García
Desde anoche se encuentra en el país el abogado Santiago Moratorio, representante legal del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El profesional brindará asesoramiento jurídico a Gianina García Troche, pareja del uruguayo, quien está recluida en el penal militar de Viñas Cué.
Sostuvo que su clienta está pasando por un momento delicado de su salud y que el Estado paraguayo no se hace cargo de la situación. Mencionó que hace tres meses solicitaron que García Troche sea evaluada por neurólogos para contar con un diagnóstico tras presentar cuadros de convulsiones.
“La realidad es que la situación que está viviendo mi defendida, la señora García Troche, es crítica, es lamentable, está siendo sometida a un proceso arbitrario, sin garantías, donde no se respeta el debido proceso. Y ahora lo que está en juego es algo muchísimo más grave, que es su integridad física, su salud”, expresó a medios de comunicación.
Explicó que su defendida presenta también moretones en el cuerpo, por lo que precisan que sea evaluada por “médicos especialistas, en lugares, en hospitales donde tengan, cuenten con todos los equipos para hacerle los estudios correspondientes”, pero no tienen respuesta.
En otro momento, Moratorio señaló que lo que acontece “es una extorsión y una presión” para que Marset se ponga a disposición de la justicia paraguaya. “Es derecho penal del enemigo que se equivocaron de enemigo. Entonces, lo que están haciendo es como pretenden ir contra determinada persona, agarran y criminalizan por el vínculo”, alegó.
Hospitalización y sanción
García Troche fue internada la semana pasada en el Hospital Militar tras episodios de convulsiones y al volver a su lugar de reclusión fue sancionada por supuesta indisciplina dentro de la cárcel de Viñas Cué. La uruguaya, procesada por supuesto lavado de dinero en el caso Ultranza Py, habría amenazado con autoeliminarse y posteriormente rompió todas las cámaras de vigilancia del área donde se encuentra recluida.
El hecho, ocurrido el domingo 30 de noviembre, fue denunciado por el director del penal militar. Ante esa situación, la jueza Rosarito Montanía dispuso que la mujer permanezca cinco días sin recibir la visita de sus familiares.
