Imputan a fiscal del caso María Fernanda por presunto cohecho pasivo agravado
El Ministerio Público imputó la fiscala Gloria Mabel Rojas Cañete por cohecho pasivo agravado, en el marco de la investigación por el feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo de 2025 en Coronel Oviedo. La acusación surge de una denuncia de uno de los procesados, quien alega que Rojas le exigió entre 30 y 36 millones de guaraníes a cambio de beneficios procesales, según fuentes oficiales.
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la fiscala Silvia González Vester, formalizó la imputación contra Rojas Cañete tras recibir la denuncia de Franco Antonio Acosta Céspedes, propietario de una farmacia en Coronel Oviedo y uno de los seis imputados en el caso del asesinato de María Fernanda. La joven de 17 años, embarazada de 15 semanas, fue brutalmente agredida y enterrada aún con vida por su pareja y familiares de este, un crimen que conmocionó al país y que Rojas investigaba desde su ocurrencia en mayo pasado.
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Según la denuncia, el 14 de noviembre de 2025, Rojas citó a Acosta a su despacho en la Fiscalía de Coronel Oviedo y le sugirió contactar al abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas para negociar una «salida procesal», que incluiría un cambio en la calificación del delito y una posible suspensión condicional del procedimiento a cambio de un pago. Acosta alega que el monto inicial solicitado fue de 30 millones de guaraníes, aunque otras versiones elevan la cifra a 36 millones, destinados a «honorarios» que en realidad configurarían un soborno.
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Entre el 14 y el 21 de noviembre, Acosta fue citado en cuatro oportunidades para avanzar en la supuesta negociación. El 26 de noviembre, se realizó una entrega vigilada de la coima, resultando en la detención de Bedoya, quien portaba 30 millones en billetes fotocopiados, un celular, una CPU, un pendrive y una tablet. Estos elementos fueron incautados como prueba, junto con declaraciones testificales de Acosta y su pareja, Laura Melgarejo, así como filmaciones de circuitos cerrados que respaldan la secuencia de eventos.
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Previamente, el 26 de noviembre, Bedoya ya había sido imputado por tráfico de influencias en relación con el mismo hecho. La fiscala González Vester solicitó prisión preventiva para Rojas y su desafuero, argumentando el riesgo de obstrucción a la justicia dada la gravedad del delito y el contexto de un caso de alto perfil.
Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas de Rojas Cañete ni de su defensa respecto a la imputación, mientras que el Ministerio Público mantiene el secreto investigativo para preservar la integridad del proceso.
