Corte confirma a juez y destraba caso Díaz Verón
La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió destrabar el proceso contra el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, confirmando al juez José Agustín Fernández como encargado de estudiar la apelación planteada contra su absolución. La decisión permite reactivar la causa, que se encontraba paralizada desde marzo de 2024.
Los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay conformaron la mayoría que admitió la impugnación contra la inhibición de Fernández, presentada por su colega Arnulfo Arias. En disidencia se pronunció el ministro Manuel Ramírez Candia, quien propuso devolver el caso al Tribunal de Apelación.
Fernández se había excusado tras ser recusado por Díaz Verón, alegando una presunta pérdida de imparcialidad al admitir una presentación de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. El exfiscal también mencionó antecedentes de investigaciones realizadas durante su gestión que involucraban al tribunal.
La mayoría de la Corte consideró que los argumentos de excusación carecían de fundamento suficiente y recordaron que hechos similares ya habían sido objeto de recusación en 2023, sin éxito. La decisión revierte la inhibición del magistrado y permite que se analice la apelación fiscal pendiente.
El caso se originó en la absolución dictada en diciembre de 2023, cuando un tribunal de sentencia liberó de culpa a Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo por los cargos de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. Las fiscalas Claudia Aguilera y Natalia Silva habían solicitado penas de hasta ocho años.
Durante la lectura del fallo, los jueces criticaron la actuación del Ministerio Público y señalaron deficiencias graves en la investigación. Incluso el juez Darío Báez afirmó que el Estado debía disculparse con los acusados, considerando que el proceso habría tenido motivaciones políticas.
A la par de la confirmación de Fernández, la Corte resolvió remitir los antecedentes del expediente a una auditoría de gestión. El objetivo es identificar las causas de la mora judicial y determinar posibles responsabilidades administrativas en la demora del trámite.
Según la acusación, entre 2008 y 2017, el exfiscal y su esposa no pudieron justificar más de G. 10.495 millones entre ingresos y egresos. La Fiscalía sostiene que se intentó ocultar activos a través de movimientos patrimoniales de su cónyuge.
